Servicio

Un GPS para la futura Limasa

Los sistemas de control de la limpieza son la principal novedad que incluirá el nuevo contrato que se sacará a concurso

18.09.2015 | 05:00
Una barrendera de Limasa en el Centro.

Control por GPS de cada barrendero y de los camiones de recogida, una tarjeta con un código de barras en los contenedores para saber cuándo se vacían o chips que indican cuándo un contenedor está lleno. Estas son algunas de las ideas que barajan en el área de Medio Ambiente para incorporar al futuro servicio de limpieza de Málaga, cuyas condiciones estarían definidas para el primer trimestre de 2016

La clave está en el control exacto de la limpieza. Esa es la principal conclusión que ha sacado el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, de la visita a distintos servicios de limpieza de España y con idea de buscar propuestas para el futuro contrato de Málaga.

El repaso a las empresas municipales de limpieza, tanto públicas como privadas, ha llevado a visitar las principales poblaciones del Levante, desde Granada a Barcelona, además de Zaragoza, Madrid, Córdoba y Cádiz. La conclusión ha sido reveladora sobre un aspecto que hasta ahora no se tenía en cuenta en Málaga y que, posiblemente, se implante a partir del año próximo. Es el control exhaustivo del trabajo de limpieza y recogida, como los que ya se aplican en Barcelona, Zaragoza o la Diputación de Córdoba.

Una de las medidas que está en estudio es el seguimiento de los barrenderos mediante GPS, lo que permite asegurar que se cumple con la ruta de barrido establecida y en el tiempo previsto. Esto se realiza mediante un teléfono móvil que se entrega a cada trabajador o instalando un dispositivo en el carrito del barrendero, de forma que se pueda controlar la ejecución del trabajo y los recorridos.

Este sistema, que está en marcha en varios municipios, también se ha implantado en los camiones de recogida. De forma que se vea en pantalla el desplazamiento de los vehículos, los tiempos de parada y de paso, para hacer un control de su actividad.

En el caso de la Diputación de Córdoba, con una empresa pública de limpieza, incluso se ha instalado un sistema de lectura en los contenedores, similar a un código de barras. Así, cada vez que se levanta un contenedor para vaciarlo en el camión, un dispositivo en el vehículo identifica el código y envía una señal de que se ha cogido la basura. De esta forma, se sabe en qué momento se ha descargado la basura y se controla que se sigue con la planificación prevista. Además, la empresa de limpieza cobra en función de los contenedores de basura descargados en el camión.

El desarrollo de las nuevas tecnologías facilita la mejora de los sistemas de control e inspección del trabajo. En este punto Limasa se ha quedado atrasada respecto a otras ciudades, ya que el actual contrato para la prestación del servicio es de hace 16 años, cuando no se contemplaban estos avances.

De cara al próximo pliego, Medio Ambiente baraja la posibilidad de incluir algunas de esta medidas, como una forma de presionar a la adjudicataria, ya que las posibles sanciones por incumplimientos recaerían en el concesionario.

Para este control se podría aplicar el mismo sistema que se hace en Barcelona, como es una asistencia de una empresa externa para hacer el seguimiento del funcionamiento de la empresa de limpieza.

Esto permitiría resolver problemas como que se deje de realizar el 33% de las tareas de limpieza diaria por falta de personal, pero que luego se facturan como realizados. Con estos sistemas de control analizados se tendría una aproximación real e independiente de los trabajos realizados por la empresa.

Otra de las líneas de trabajo para la futura Limasa es potenciar la mecanización del barrido, lo que aumentaría la eficacia de la limpieza y no haría necesario pasar diariamente por las calles, aunque se seguiría complementando con el barrendero de a pie.

El concejal de Medio Ambiente afirma que todavía no se ha decidido el sistema que regirá el servicio de limpieza. Actualmente están analizando los costes de un servicio totalmente privado y de otro público, descartando inicialmente la opción mixta. Una vez que se termine este análisis se tomará una decisión sobre la gestión de Limasa, que en todo caso tendrá el diseño cerrado para el primer trimestre de 2017.

Las conclusiones todavía no son claras, aunque Raúl Jiménez asegura que el principal problema de una empresa 100% pública es que obligaría al Ayuntamiento a realizar un importante desembolso –de unos 50 a 60 millones de euros– en compra de material para renovar el actual parque de vehículos. De hecho, hay dudas sobre la capacidad económica municipal para afrontar un gasto similar.

Por otro lado, el servicio totalmente privado tiene el riesgo de una mayor conflictividad laboral y la falta de influencia del Ayuntamiento.

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