Construcción

Las constructoras bajan un 30% sus precios para poder competir por la obra pública

La escasez de proyectos a concurso de las administraciones genera gran competencia entre las empresas

21.09.2015 | 05:00
En la imagen, los trabajos de peatonalización en el entorno de la Catedral de Málaga.

El tajante recorte en la licitación de obra pública durante la crisis está obligando a las constructoras a presentar ofertas cada vez más a la baja para poder competir por los escasos proyectos y actuaciones que las administraciones sacan a concurso, con rebajas medias que durante 2014 y lo que llevamos de 2015 están alcanzando el 30% en la provincia, según cálculos aproximados de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga.

Aunque el volumen de licitaciones subió el pasado ejercicio en Málaga hasta un 80% coincidiendo con el año preelectoral (fueron casi 260 millones de euros, rompiendo una racha de descensos que arrancó en 2008), este 2015 ha vuelto a las andadas y acumula una nueva caída del 27% en el primer semestre. Si a eso sumamos que el mercado residencial continúa muy apagado, el resultado es que la obra pública, en su escasez, es cada vez más codiciada por todas las empresas, lo que está siendo aprovechado por los poderes públicos para adjudicar en muchos casos sus proyectos con sustanciosas rebajas sobre el importe inicialmente presupuestado, según afirman la propia secretaria general de la ACP, Violeta Aragón, o el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Juan Cobalea.

«Hay cada vez menos obra pública y, a la vez, más firmas interesadas, lo que hace que la competencia sea muy grande. Si antes se presentaban diez al concurso por una obra, ahora lo pueden hacer hasta 30 ó 40. Las empresas necesitan conseguir esos trabajos para mantener su actividad y a sus plantillas, por lo que hacen ofertas muy agresivas, incluso a pérdidas. Y eso lo saben las administraciones. Hemos llegado a ver puntualmente ofertas con bajadas de hasta el 40% y el 50% sobre el presupuesto licitado», comenta Aragón.

La situación, a su juicio, es generalizada en los concursos de todas las administraciones, ya sean estatales, autonómicas o locales. Incluso se da el caso de licitaciones donde las empresas acuden con «ofertas mejoradas» para lograr la adjudicación ofreciendo realizar gratis alguna otra obra o actuación vinculada a la principal. La tendencia está protagonizada, sobre todo, por las constructoras de mayor tamaño, muchas de ellas de ámbito nacional, que tiene más capacidad financiera y recursos para poder ofertar estas rebajas a las administraciones. Eso está dejando cada vez más en fuera de juego a las firmas de la provincia, en su mayor parte de tamaño mediano y pequeño, según la ACP.

«Hasta hace unos años, las constructoras más grandes no competían por obras de menos calado, pero estamos en una situación de gran caída de la licitación que provoca que se estén presentando a casi todos los concursos, acaparando mucho mercado», detalla. Para más inri, algunas de estas grandes firmas nacionales acaba subcontratando a empresas de la provincia, con lo que los bajos precios con los que se adjudicaron la actuación terminan siendo repercutidos al tejido local.

La ACP afirma que el actual nivel de bajada de precio en las ofertas es «desproporcionado» y cree que las administraciones deberían sacar a concurso sus proyectos «lo más ajustados a la realidad» para evitar este tipo de situaciones. Aragón cree que el orden «razonable» de las bajadas en las adjudicaciones debe rondar, de entrada, entre el 5% y el 10%, aunque todo depende también de las características de cada obra. La patronal constructora también reclama a los poderes públicos que sean «muy estrictos» a la hora de revisar la denominadas «ofertas temerarias», que son aquellas que presentan rebajas de diez puntos sobre la media total recibida. La norma establece que, en esos casos, la Administración debe exigir a esa empresa que justifique por qué su oferta es tan barata antes de decidir si la acepta o no.

«Deben ser exigentes con estas empresas ya que hay criterios establecidos para ello. Lo que les pedimos es que sean más incrédulos con esas ofertas tan bajas porque a final eso puede ser perjudicial para el sector y para la propia administración. Deberían imponer además sus propias cláusulas limitativas a estos presupuestos rebajados», añade Aragón. No en vano, es frecuente que al final los proyectos se encarezcan a posteriori, ya que las adjudicatarias a precio bajo terminan planteando modificaciones y actuaciones complementarias (que, en todo caso, no pueden rebasar un máximo del 10% del importe de la licitación).

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Juan Cobalea, coincide con este análisis y reclama criterios más estrictos a la Administración. «Todas las empresas están tratando a toda costa de recuperar su cartera pero el volumen de obra pública está siendo muy escaso. Por eso están haciendo unas ofertas a la baja tremendas, con presupuestos con los que es imposible ejecutar esa actuación. Las ofertas temerarias deberían quedar fuera porque al final se puede generar una gran incertidumbre en torno a una obra», opina Cobalea. A su juicio, el problema de fondo es que el volumen de obra pública sigue en niveles impropios para Málaga. De los casi 1.500 millones anuales que se licitaron en 2007- 2008 se ha pasado a entornos por debajo de los 200 millones. Y aunque el 2014 trajo una subida, este 2015 plagado de elecciones está siendo «decepcionante» para el sector, con apenas 75 millones licitados al primer semestre.

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