Dejadez, laderas abandonadas, basura en muchos puntos y sin ningún cuidado específico durante años. Este es el panorama actual del monte Gibralfaro, para el que ayer se aprobó un plan especial que asegura su protección y la elaboración de un proyecto de recuperación ambiental que convierta a este entorno en un gran parque urbano. El apoyo fue unánime de los cinco grupos municipales, aunque también hay que recordar que se han tardado siete largos años de trámites hasta cerrar el texto definitivo.

Con este plan especial aprobado se podrá plantear un mantenimiento continuado de sus laderas, que forman parte del paisaje histórico y turístico de la ciudad. Sin embargo, su ubicación estratégica no ha servido para que el cuidado del monte se haya reforzado en estos últimos años. De hecho, como ya publicó este periódico, se ha podido constatar que la misma basura ha permanecido sin recoger más de tres meses.

El plan especial aprobado ayer en el pleno asegura un plan de inversiones a medio plazo, con más de 28 millones de euros previstos para la recuperación ambiental de este espacio. De cara a impulsar estas actuaciones, el grupo municipal de Ciudadanos ha exigido que se presupueste una partida de tres millones de euros para el año 2016 que permita iniciar las actuaciones, ya que no hay seguridad de obtener fondos europeos que financien el plan especial.

Las actuaciones planteadas para los 635.000 metros cuadrados protegidos del monte Gibralfaro consisten en mejorar y ampliar la variedad botánica del monte. Además, se quiere dotar al monte de senderos para el paseo a pie, carriles para bicicletas, exposición de restos arqueológicos, zonas de juego, un centro de interpretación e incluso habrá una zona para la práctica de la escalada.

El Ayuntamiento de Málaga inició en 2007 los trabajos para convertir la zona del Gibralfaro en un gran parque. Dos años después el Consistorio aprobó inicialmente el plan especial de Gibralfaro, con la idea de que en un año se aprobase el documento de forma definitiva.

El proyecto fue aprobado provisionalmente en 2011, sin embargo, algunas reclamaciones de la Junta de Andalucía lo paralizaron y obligaron a llevarlo nuevamente a aprobación provisional el pasado mes de mayo.