La Fiscalía de Málaga ha pedido que se archive la causa existente en el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga por supuesta discriminación a la menor transexual en el colegio San Patricio, dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, en el que estaba escolarizada el pasado año, según informaron fuentes del caso.
La familia presentó una querella por un supuesto delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio contra la responsable del colegio y contra el obispo de Málaga, pero el juzgado de Instrucción número 10 denegó la admisión a trámite de la misma, indicando que no había indicios suficientes de delito. El abogado de la familia presentó recurso.
Fue la Audiencia la que ordenó que se admitiera a trámite la querella, pero no respecto del obispo, sino sólo respecto a la directora del centro, acordando que se le tomara declaración, lo que se ha llevado a cabo. Así, la Sala entendía que podría haber discriminación al no permitírsele llevar el uniforme que se ajusta a su orientación sexual entendida «como manifestación externa del género de cada persona».
Ahora, la Fiscalía pide que se archive el caso, al señalar que el artículo 511 del Código Penal alude, entre otros aspectos, a la discriminación por cuestión de orientación sexual, pero no a la de género, que es donde esta parte entiende que se enmarcaría la transexualidad. De hecho, se apunta que en la reciente reforma de la norma se ha incluido la referencia a «razones de género».
Asimismo, el ministerio público también considera que la prestación de servicio público que se tenía que dar a la menor era la educación y la escolarización, algo que se estaba llevando a cabo, apuntaron a Europa Press las mismas fuentes; por lo que no se habría producido una denegación de este servicio, por lo que solicita el archivo de la causa.
Decidirá la juez
Ahora, será de nuevo la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga la encargada de decidir si archiva finalmente la causa, aunque luego podrían recurrir en apelación a la Audiencia Provincial con el objetivo de que ésta ordenase, de nuevo, continuar con el proceso.
El caso generó una fuerte polémica en la sociedad malagueña que acabó teniendo un reflejo inmediato en los tribunales, aunque finalmente la vía penal podría abandonarse si la juez sigue las tesis de la Fiscalía.
