La acreditación del interés general y público de la programación de la Fundación de Los Comunes, que gestiona La Casa Invisible, además de otras cuestiones como resolver, con la Gerencia de Urbanismo, los problemas de seguridad por los que fue clausurado el edificio para actividades de pública concurrencia en diciembre de 2014, serían las líneas en las que trabaja el Ayuntamiento de Málaga para lograr la cesión directa del inmueble, descartando la convocatoria de un concurso.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se reunió ayer con los portavoces de los grupos políticos de la oposición con el objetivo de buscar una solución jurídica y constructiva a La Casa Invisible, en la que, pese a estar clausurada para actos de pública concurrencia, estos colectivos siguen organizando actividades. Posteriormente, se reunió con los activistas y colectivos de La Invisible.
De la Torre expuso a los representantes de la oposición la situación de este inmueble y los problemas jurídicos y de seguridad para su solución. La concejala de Cultura, Gemma del Corral, trasladó una alternativa legal planteada por Amanda Romero, miembro del equipo jurídico de La Casa Invisible, sobre el título de posesión del edificio. Así, se propone la posibilidad del reconocimiento jurídico de cesión en precario del inmueble desde que se firmó el 17 enero de 2011 el protocolo de intenciones para encauzar la legalización del proyecto con una vigencia de un año.
Esa transmisión en precario se habría prolongado hasta ahora a falta de concretar la cesión demanial un vez acreditado el interés general y público de su programación, según la propuesta de los colectivos. Si jurídicamente esto fuera factible, ya no cabría concurso; eso sí, como especificó Del Corral, siempre que el proyecto garantizara la seguridad.
PSOE y Ciudadanos advirtieron de que no pueden pronunciarse sin tener un informe jurídico sobre la situación de este inmueble de la calle Nosquera y sin conocer las obras que habría que desarrollar para salvar las deficiencias en materia de seguridad.
Para el cierre cautelar en diciembre de 2014 de este inmueble para actividades de pública concurrencia, el Ayuntamiento argumentó un estado de la instalación eléctrica «insuficiente» y «precario» y que no existían las mínimas medidas de protección contra incendios. La Fundación de los Comunes elaboró un avance del plan director de rehabilitación de este edificio del siglo XIX con un coste total estimado de 950.000 euros.
