El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga tiene previsto tomar declaración este próximo jueves a dos personas investigadas dentro de la causa por el presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación a desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado caso 'Edu', según han informado fuentes judiciales.

En este caso se trataría, según han precisado a Europa Press las fuentes, del responsable de una empresa que recibió una subvención en la convocatoria de ayudas del 15 de diciembre de 2010 y de una persona vinculada con otra sociedad que concurrió, en este caso, a la convocatoria del 4 de noviembre de ese mismo año; ambas investigadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Respecto a la primera sociedad, se trata de un centro de formación que ya habría solicitado subvenciones en años anteriores, según los informes de los investigadores, en los que se precisa que la empresa tenía en 2010 procedimientos por deudas en la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, así como un expediente por parte del SAE, a pesar de lo cual se le concedió ese año una ayuda de 79.900 euros.

Ante los agentes de la UDEF, el responsable de la empresa dijo que ésta estaba embargada y que él salió de la misma cediendo los poderes a otras dos personas. Sobre la subvención de diciembre de 2010 señaló que no iniciaron el curso y que cobraron un anticipo de más de 50.000 euros, aunque la Junta nunca les reclamó nada ni tampoco tuvieron visita de técnicos.

Respecto a la segunda persona citada por el juzgado, estaría vinculada con una empresa que impartió un curso de cocina, por el que se concedió una subvención de 103.000 euros en la convocatoria de noviembre de 2010, según las primeras investigaciones, siendo el anticipo de unos 77.000 euros.

Ésta son otras de las empresas investigadas por la UDEF que obtuvieron subvenciones en las convocatorias, con compromiso de contratación, del 15 de diciembre de 2010 y del 4 de noviembre del mismo año. En el marco de estas diligencias ya han comparecido ante el juzgado instructor una veintena de personas, relacionadas con distintas sociedades.

En esta causa se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal apunta en sus pesquisas iniciales a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior de los mismos por parte de la administración.

Los investigadores relataban en sus informes que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores; además de que en ocasiones no se llegaron a dar los cursos.

Pero también se habrían encontrado irregularidades posteriores, al, supuestamente, incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o detectar falsedades en partes de asistencia, así como falta de control de la Administración durante el desarrollo del curso y en la liquidación de las subvenciones.