Tribunales

Una avalancha de nulidades retrasará varios meses la ejecución de Malaya

El fiscal del Supremo apoya la rebaja en la pena a cuatro concejales de la corporación marbellí

30.09.2015 | 05:00
Imagen del juicio del caso Malaya, celebrado en la Audiencia Provincial.

Avalancha de incidentes

  • Una avalancha de incidentes de nulidad presentados, en su mayor parte, por miembros de la corporación gilista de Marbella, podría hacer que se retrasase la ejecución de la sentencia durante varios meses. Ahora, el Supremo tendrá que resolverlos. Alegan que se han vulnerados sus derechos porque el Alto Tribunal ha incrementado las penas que se les impusieron en Málaga.

El Tribunal Supremo comunicó a finales de julio el fallo definitivo del caso Malaya, contra la corrupción urbanística y política en Marbella. Ahora, esa sentencia deberá llegar a la Audiencia Provincial de Málaga, que tendrá que ejecutarla. Pero esto podría retrasarse en torno a seis meses porque muchos de los condenados, la mayor parte de ellos exconcejales, han interpuesto incidentes de nulidad alegando vulneración de derechos fundamentales, en muchos casos porque en el Alto Tribunal se les incrementó la pena por cohecho impuesta en Málaga, desde los dos años y multa hasta los tres años y medio.

Ahora, la Sala Segunda del Supremo deberá revisar el fallo que dictó y decidir quién tiene razón y quién no, y eso llevará unos meses. Ya hay contactos entre la Audiencia malagueña y el Supremo para agilizar el proceso lo máximo posible, aunque fuentes conocedoras del trámite auguran un retraso de «seis o siete meses». Es decir, que la ejecución de la sentencia, que se iniciará con el auto de la Sección Primera malagueña, que enjuició el proceso, no tendrá lugar antes de 2016, según las estimaciones.

La ejecución de la sentencia consiste en pedir formalmente el pago de las multas, de las responsabilidades civiles, decomisar los bienes incautados y hacer efectivas las penas de prisión de los protagonistas del caso. Sólo Roca y Julián Muñoz están entre rejas.

Por otro lado, hubo cuatro defensas de otros tantos exconcejales que solicitaron una aclaración de la sentencia en relación con las penas finalmente impuestas por el Supremo. Belén Carmona, María José Lanzat, Emilio Jorrín y Rafael González Carrasco fueron condenados en la Audiencia Provincial de Málaga a dos años de prisión por cohecho, lo que pidió la Fiscalía Provincial. Pese a ello, la Fiscalía del Supremo recurrió y les pidió tres años y medio en la vista de los recursos de casación.

Sin embargo, la ley impide que se pueda pedir, en un recurso ante una instancia superior, más pena que la que se solicitó en primera instancia. Para subsanar el problema, el fiscal de Sala del Supremo ha emitido un escrito en el que reconoce, en el caso de una de las exconcejalas, que en el recurso de casación se pidieron tres años y medio de prisión, «una penalidad superior a la interesada en el juicio oral –dos años–», por lo que tras la vista «el fiscal instó la rectificación del error cometido y ajustar la pretensión punitiva a la, en su día, formulada en las conclusiones provisionales». Los cuatro exconcejales podrían ver, si estima la Sala el escrito del fiscal, rebajadas sus penas y, tal vez, evitar la cárcel.

«Es de agradecer que el fiscal del Supremo reconozca con tanta claridad un hecho como este. La Sala debe acordar la rectificación, lo contrario supondría establecer un precedente muy peligroso», explica el abogado penalista Javier Muriel.

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