­La Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH) de la Diputación de Málaga, creada en 2012 gracias a un convenio con el Colegio de Abogados, ha evitado 183 desahucios en la provincia en el conjunto de 2014 y el primer semestre de 2015.

Así lo informaron ayer el presidente provincial, Elías Bendodo, y el decano de la institución colegial, Francisco Javier Lara, junto con la portavoz de Málaga Ahora en Diputación, Rosa Galindo, en la presentación del balance de este organismo, que consideran como muy positivo.

Con respecto a 2013, cuando el número de lanzamientos evitados fue de 265, la cifra ha descendido en estos últimos 18 meses, lo que manifiesta que «la situación ha mejorado», según Lara, aunque destacó que «aún hay muchas familias que precisan ayuda, y por eso esta oficina sigue siendo indispensable».

Por su parte, Bendodo señaló que en este periodo la oficina ha realizado 861 actuaciones, de las que 294 son atenciones directas por parte de un letrado, con sus correspondientes citas. Un total de 133 abogados componen esta entidad, todos ellos formados y especializados para ofrecer un servicio «cercano y de calidad» a los afectados, indicó el decano.

De las intervenciones realizadas, destacan ocho que se han resuelto positivamente con dación en pago, nueve con suspensión del lanzamiento, 25 por reestructuración de la deuda y 15 en periodo de carencia. Además, se han acordado tres alquileres sociales, se han resuelto 32 expedientes relativos a cláusulas abusivas y otros 82 relativos a intermediación bancaria se hallan en trámite.

Asimismo, se han abierto un total de 294 expedientes en el periodo 2014-2015, de los que 210 corresponden a 2014 y 94 a 2015. De los 210, 201 se han cerrado con cita e intervención del letrado y nueve con información o elaboración de escrito.

Una persona de nacionalidad española, desempleado o trabajador por cuenta ajena, casada y con cargas familiares es el perfil más común de los afectados que acuden a este organismo.

Bendodo avanzó que se está trabajando con el Colegio de Abogados para reformar y ampliar el actual convenio, incluyendo a partir de enero de 2016 nuevas cláusulas para incrementar la cobertura de los servicios y de la asistencia a las personas afectadas, dedicando además una dotación económica de 25.000 euros anuales.