Empleo

Denuncian que en Málaga se han perdido 600 empleos de la Administración central desde 2011

El sindicato CCOO recuerda que en 2011 había 4.100 trabajadores en la provincia y ahora quedan 3.500

06.10.2015 | 20:20

El secretario general del sector de la Administración del Estado de CCOO, José Manuel Vera, exigió ayer la recuperación de los derechos de los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) y denunció que con el Gobierno de Mariano Rajoy se han destruido unos 600 empleos en este ámbito, pasando de 4.100 trabajadores en 2011 a los 3.500 actuales. El representante sindical reclamó una «apuesta firme y decidida» por la creación de empleo público» y lamentó que en los sectores considerados como prioritarios se continúa perdiendo empleo mientas que en el resto sólo se cubrirán el 50% de las bajas producidas. «La pérdida de puestos de trabajo continúa», aseguró.

Vera también se refirió a la pérdida de derechos de los empleados públicos de la AGE, quienes sufrieron un 5% de reducción salarial en 2010, la reducción de pagas extraordinarias, el pago completo del salario durante la incapacidad temporal, los fondos de acción social o jornada y horarios. En este sentido, y con motivo de la devolución de otra parte de la extra de Navidad de 2012, CCOO criticó que el Gobierno «lance una campaña de propaganda mediática cuando en realidad sólo se ha restituido una pequeña parte de los derechos robados y además tan sólo se ha devuelto de forma directa a un 10% de los afectados, ya que se deja a criterio de las administraciones locales y autonómicas la devolución a sus trabajadores».

Respecto a la carrera profesional y provisión de puestos, el sindicato achacó al Gobierno haber «desvirtuado» totalmente los principios de igualdad, mérito y capacidad. «En 2014 se produjeron 6.000 movimientos de personas en la Administración del Estado por procedimientos ordinarios como el concurso, mientras que por procedimientos extraordinarios se llevaban a cabo más 10.000», denunció Vera.

CCOO también pidió un Plan de Igualdad de la Administración del Estado y acusó al Gobierno de incumplir sus obligaciones con respecto al personal público, «ya que tienen obligación legal de aprobarlo al comienzo de cada legislatura y estando ya en el tramo final del mandato todavía no se ha realizado».

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