Tribunales

La Fiscalía pide investigar irregularidades en ayudas del SAE a las unidades de Empleo

Envía al juzgado la investigación iniciada a raíz de un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía

10.10.2015 | 05:00

­La Fiscalía de Málaga ha remitido a los juzgados las diligencias iniciadas por supuestas irregularidades en las ayudas de fondos públicos recibidas por las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), detectadas en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía correspondiente al periodo 2010-2012. Así, se pide que se abra un procedimiento penal para «el total esclarecimiento de los hechos».

Las diligencias de investigación penal se abrieron en la Fiscalía malagueña en diciembre de 2014 tras el decreto del fiscal superior de Andalucía, que ya había realizado gestiones, según consta en el escrito emitido el pasado mes de agosto, al que tuvo acceso Europa Press. Ahora, el ministerio público, tras analizar la documentación e impulsar otras pesquisas, ha acordado judicializar el asunto, al entender que existen «indicios de ciertos delitos».

Los consorcios Utedlt –ya extinguidos– eran entidades con personalidad jurídica propia, participados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y por la Administración local de Andalucía, a través de corporaciones municipales y supramunicipales. Se crearon como instrumento de colaboración para fomentar el empleo local, lograr un mayor aprovechamiento de los recursos en cada zona y acercar a los ciudadanos los servicios ofertados por la Junta en esa materia.

En total, había 95 consorcios en Andalucía, pero la fiscalización se hizo sobre una muestra, abarcando a 24, tres por provincia. Según el escrito, era la Consejería de Economía e Innovación, a través del presupuesto del SAE, la que sufragaba al 100 por cien los gastos de personal de la estructura básica –directores– y asumía un porcentaje de los costes salariales de la estructura complementaria, compuesta por los Agentes Locales de Promoción y Empleo (Alpes).

«Sin embargo, la falta de capacidad económica de las entidades locales para atender el coste de la estructura complementaria determinó que el mismo fuese asumido por la Junta de Andalucía». Dicha financiación «se sufragaba mediante las subvenciones que anualmente concedía el SAE», según una orden que establecía las bases de la concesión de ayudas públicas a estos consorcios.

Así, inicialmente, se detectaron irregularidades que van desde la propia actividad subvencionada hasta «la falta del necesario control de las actuaciones» que justificarían la ayuda. La Cámara de Cuentas señalaba que aunque los beneficiarios estaban obligados a realizar la actividad que fundamenta la concesión de aquellas.

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