Diputación

La junta de Turismo Costa del Sol rechaza enviar a la Fiscalía un informe sobre 2014

10.10.2015 | 00:40

La junta general extraordinaria de Turismo Costa del Sol ha rechazado enviar a la Fiscalía el informe de la Intervención General de la Diputación de Málaga correspondiente a las actividades desarrolladas por el organismo en el ejercicio contable de 2014. Este punto contó ayer con la negativa del PP y la abstención de Ciudadanos, mientras que PSOE, IU y Málaga Ahora votaron a favor.

También se rechazó a petición del PSOE solicitar que la Secretaría General de la Diputación efectúe un informe sobre la «legalidad» de las actuaciones de los ejercicios 2014 del Patronato de Turismo y de 2015 de Turismo Costa del Sol, especialmente sobre el personal y los procedimientos realizados para contratar servicios, suministro y obras. En este sentido, el equipo de gobierno aludió al informe realizado por los servicios jurídicos a instancias del vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, y en el que se señala que no corresponde a la Secretaría de la institución emitir el informe pretendido por los socialistas, al no ejercer la función de asesoramiento legal de Turismo Costa del Sol, sociedad mercantil local.

«La función de la Secretaría de la Diputación es exclusivamente de fe pública en los asuntos sometidos a junta general, quedando el asesoramiento legal de la sociedad y la función de Secretaría del consejo de administración encomendado a un profesional contratado a tal efecto», expone el citado informe.

Tampoco salió adelante la aprobación de la propuesta del PSOE de recuperación de la paga extra y otros derechos a empleados de Turismo Costa del Sol.

Del orden del día de la reunión, solicitada por el PSOE, éste retiró tres puntos: aprobación de la fiscalización previa completa por parte de la Intervención General de la Diputación de la empresa Turismo Costa del Sol a partir de esta junta general. También se retiró el punto sobre la constitución de una comisión de investigación sobre supuestas irregularidades detectadas por el interventor, consideradas «meras infracciones administrativas» por los servicios jurídicos de la institución; así como el solicitar a la Intervención la realización «urgente» de una auditoría de los ejercicios 2014 y 2015.

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