Trabajo

Málaga pierde 5.500 empleos públicos con los recortes

La mayor parte de esta destrucción de empleo se debe a la no cobertura de las vacantes, en su mayoría por jubilaciones

11.10.2015 | 17:10

Unos 2.800 puestos amortizados corresponden a la Junta de Andalucía - Los sindicatos critican que esta situación redunda en la calidad del servicio

Larra describía una España perezosa y negligente. «Vuelva usted mañana, nos respondió la criada, porque el señor no se ha levantado todavía. Vuelva usted mañana, nos dijo al siguiente día, porque el amo acaba de salir»... El artículo del genial periodista y crítico satírico del Romanticismo español ha servido una y mil veces para señalar los contratiempos a los que cualquier ciudadano se enfrenta cada vez que se pone ante la desengrasada maquinaria burocrática de las administraciones. Servicios públicos que han perdido calidad en los últimos años y que quien acude a las ventanillas ya nota. Pero también, como denuncian los sindicatos, los pacientes de los hospitales, los alumnos de las escuelas o quienes pleitean en un juzgado.

La crisis, y con ella, las reformas y los recortes, ha provocado que solo en la provincia de Málaga se hayan perdido más de 5.500 efectivos de las administraciones públicas, incluyendo personal de la Universidad de Málaga. «Llevamos años defendiendo que la destrucción de empleo público es la destrucción del servicio público. El colapso de la sanidad, sin ir más lejos, nos está dando la razón. No se puede mantener un servicio de calidad cuando no se cubren ni los mínimos de personal exigidos», denuncia Joaquín Pérez, presidente del sindicato CSIF en Málaga.

La mayor parte de esta destrucción de empleo público se debe a la no cobertura de las vacantes generadas, en su mayoría por jubilaciones, provocada por las tasas de reposición impuestas por el Gobierno central. Desde 2010, ésta se mantiene en un 10% para servicios esenciales (como sanidad, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o inspección tributaria) y del 0% para el resto de servicios. Es decir, en el caso de educación y sanidad se ha cubierto solo uno de cada diez puestos de maestro o médico que se ha quedado vacantes desde 2010. El resto de plazas que se han quedado vacantes se han amortizado al no cubrirse.

Según estima CSIF Málaga, cerca de 3.000 puestos de trabajo, más de la mitad de total amortizados en las administraciones públicas en la provincia en los últimos cinco años, se han perdido en la Junta de Andalucía, entre la administración general y los servicios de educación, sanidad y justicia. Y la los servicios de salud son los que salen peor parados, ya que desde que empezaron a aplicarse las reformas para cumplir con los objetivos de déficit, se han perdido unos 1.800 profesionales. «Aunque se ha perdido empleo en todas las administraciones públicas, es especialmente preocupante la situación a la que se enfrenta el personal al servicio de la Junta de Andalucía», explica Pérez.

Por su parte, el sindicato CCOO en Málaga ha hecho público que que en los últimos cuatro años y a causa de los recortes aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy, se han destruido en la provincia malagueña unos 600 puestos de trabajo de la Administración General del Estado, al pasar de 4.100 en el año 2011 a 3.500 empleados públicos actualmente.

CCOO, por boca de su secretario general del Sector de la Administración del Estado, José Manuel Vera exige al Gobierno una «apuesta firme y decidida por la creación de empleo público».

Este año 2015 han cambiado las cosas, ya que la tasa de reposición se eleva al 50% en servicios esenciales y al 10% para el resto, pero se siguen amortizando cinco de cada diez bajas o jubilaciones que se producen en servicios esenciales y nueve de cada diez en el resto de servicios. CCOO considera que se trata de una medida electoralista.

CSIF, por su parte, entiende que toda esta situación conlleva a un ERE encubierto en las administraciones públicas y a un desmantelamiento de servicios esenciales, al tiempo que denuncia que con estas cifras es imposible mantener el servicio público que se presta al ciudadano. A este respecto, exige el fin de la tasa de reposición para el conjunto de administraciones públicas y que se convoquen ofertas de empleo público acordes a las necesidades y la realidad de la función pública, ya que la no cobertura de vacantes ha provocado, por un lado, un serio deterioro de los servicios públicos, muchos de ellos básicos y muy sensibles, como son sanidad, enseñanza, servicios de empleo, dependencia o justicia.

«Los resultados repercuten a diario sobre la población, con una sanidad precaria, un incremento de las ratios en las aulas, un sistema de dependencia desmantelado y una justicia colapsada en la que se eternizan los procedimientos», asegura Pérez.

En la UMA también se ha producido una descapitalización del conocimiento, ya que en cuatro años, según el censo de las últimas elecciones a rector, ha perdido 300 profesionales (incluido también Personal de Administración y Servicios), según CSIF.

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