La Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga asegura que se han iniciado ya tres procedimientos por fraude de subvenciones en sus distintas modalidades, «en el que se encuentran imputados beneficiarios de estas subvenciones y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), hasta un total de 49 personas».
En la pieza principal de este asunto, el fiscal de Delitos Económicos está, junto al titular del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital, llamando a declarar a un par de personas por semana, principalmente los empresarios que recibieron las subvenciones para impartir cursos de formación a parados que, en algunos casos, o no llegaron a realizarse o, por otro lado, no acabó con la contratación o las prácticas planteadas inicialmente.
En dos de las piezas de Instrucción 8 de Málaga, en concreto, se estudian las subvenciones concedidas a empresas en dos resoluciones firmadas por Juan Carlos Lomeña a finales de 2010 (15 de diciembre y 4 de noviembre). En la primera, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Málaga (UDEF) ven irregularidades en 17 empresas subvencionadas con 1,5 millones de euros; en cuanto a la segunda se fiscalizan las subvenciones inyectadas a una decena de sociedades.
El listado de irregularidades, según un informe de la Fiscalía, es el siguiente: creación ex profeso de ciertas empresas para recibir subvenciones; algunas mercantiles no se hallan dadas de alta en la Seguridad Social al tiempo de obtener la subvención; algunas se dan de alta cuando se publica la concesión de las subvenciones; otras se dan de baja en la Seguridad Social nada más terminar el periodo ejecutivo de la resolución del 15 de diciembre de 2010; hay reiteración de beneficiarias de las ayudas; se informa de que ciertas mercantiles resultan ser deudoras frente a la Seguridad Social o Hacienda; se da un incumplimiento generalizado por parte de las sociedades beneficiarias de las subvenciones del compromiso de contratación; varias empresas han obtenido subvenciones en otras provincias careciendo de Código de Cuenta de Cotización en algunas de ellas, o se presentan con distintas denominaciones sociales para tratar de acceder a las ayudas sin tener actividad real y, por último, los administradores de ciertas empresas aparecen vinculados con organismos de la Junta de Andalucía o con corporaciones locales que les podrían haber facilitado el acceso a las subvenciones analizadas.
Fraudes
Por otro lado, la Fiscalía de Delitos Económicos apunta que «se han iniciado los primeros procedimientos por fraudes de prestaciones previstos en el nuevo artículo 307 del Código Penal, introducido en la reforma producida en el Código Penal, uno de ellos con 132 imputados, y los demás cuentan también con un número muy elevado de investigados».
Por otro lado, esta sección fiscal se ha visto aliviada por el nombramiento de un nuevo fiscal, «aunque aún se encuentra lejano el objetivo de dar una respuesta plenamente satisfactoria al número de asuntos pendientes, dado que es mayor el número de los que tienen entrada que los que finalizan», asegura en su memoria de 2014. Asimismo, los fiscales de la sección han mantenido reuniones con la Abogacía del Estado, la Agencia Tributaria y letrados de la Tesorería General de la Seguridad Social para unificar posiciones en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y la Seguridad Social y en asuntos relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
En cuanto a insolvencias punibles y delitos societarios, han entrado en 2014 un total de 25 asuntos por el segundo apartado y 62 en relación al primero.
