Las defensas de 35 procesados por un caso de narcotráfico, entre ellos el que fuera jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil en Málaga, presuntos traficantes, confidentes y una abogada, pidieron ayer la nulidad del caso por vulneración del derecho a un proceso justo. El juicio comenzó en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga con la fase de cuestiones previas y todos los letrados han alegado vulneración de derechos fundamentales, de las intervenciones telefónicas, registros y vigilancia policial. Estos abogados criticaron la falta de concreción y argumentaron que se ha creado indefensión a las partes porque se ha infringido el derecho a la prueba, así como que las investigaciones previas están basadas en conjeturas e informaciones erróneas. También denunciaron que se han ocultado datos importantes y han cuestionado la instrucción desde sus inicios, ya que consideran que la competencia del caso recaía en un juzgado diferente al que lo instruyó.
El abogado del exjefe del EDOA mantiene que la acusación se ha confeccionado sobre la base de «meras denuncias sin contrastar», que se corresponden con informes emitidos por Asuntos Internos de la Guardia Civil a instancias del Grupo de Respuesta Especializada contra el Crimen Organizado (Greco), del Cuerpo Nacional de Policía, o directamente por este cuerpo policial.
El fiscal discrepó con todas las nulidades solicitas por las defensas al considerar que todas las actuaciones fueron conforme a derecho y que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental. En el banquillo de los acusados había 35 personas después de que se haya declarado en rebeldía uno de los procesados, un sargento del Equipo de Delincuencia y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, y que el martes falleciera otro encausado. Entre los acusados, hay cinco guardias civiles, entre ellos el que fuera jefe del EDOA, también hay una abogada, presuntos traficantes y supuestos confidentes, según el relato fiscal. Para el exjefe del EDOA, teniente de la guardia civil, el fiscal pide más de treinta años de prisión e inhabilitación por delitos como revelación de secreto, contra la inviolabilidad del domicilio, contra la salud pública o malversación de caudales. Respecto al sargento, la acusación pública le pide 55 años de cárcel, ya que además de los delitos anteriormente mencionados lo acusa también de blanqueo de capitales y cohecho.
El fiscal considera que ambos agentes presuntamente participaron dos operaciones contra el tráfico de drogas, a partir de las intervenciones telefónicas de las que se desprenden que habrían contactado con personas que iban a robar alijos de drogas y habrían acordado un operativo para que éstos se quedaran con parte del cargamento. También se les imputa haberse apoderado, antes de un registro judicial, de 40.000 euros de la vivienda de otro guardia civil arrestado, que era defendido por la abogada también procesada en este procedimiento y pareja en ese momento del sargento imputado.
