Servicios Sociales

Los trabajadores sociales denuncian el aumento de las agresiones y amenazas

Un vecino de Las Castañetas ha sido condenado a dos años de prisión por golpear a un educador social e insultar y amenazar a una trabajadora social

15.10.2015 | 05:00
La calle Emiliano Zapata donde sucedió la agresión.

­Un vecino del barrio de Las Castañetas, A.C.M., ha sido condenado a dos años de cárcel y 800 euros de multa en una sentencia ratificada por la sala tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, por agredir a puñetazos a un educador social del Ayuntamiento de Málaga e insultar y amenazar a la trabajadora social con la que estaba.

Todos los sindicatos representados en el Consistorio han aprovechado el anuncio de la sentencia para denunciar el «incremento de la agresividad y la violencia» contra trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento y en general en todos los servicios de atención al público.

Este colectivo, conformado por más de un centenar de trabajadores, señala que las amenazas son diarias y que las agresiones físicas a veces se silencian por miedo a represalias y pide que se instale seguridad en los centros de los Servicios Sociales municipales distribuidos por los distintos barrios.

El educador social agredido, junto a una trabajadora social, acudió el 4 de febrero de 2013 a una vivienda de la calle Emiliano Zapata, de la barriada de Las Castañetas, poco antes de las dos de la tarde. De otra vivienda cercana salió el acusado y se dirigió a la trabajadora social gritándole que «no recibía ayuda suficiente». La trabajadora le pidió calma y que esperase, pero cuando el educador social salía de la vivienda en la que estaba, el acusado se dirigió a él y «de forma inopinada» la emprendió a puñetazos.

El funcionario sufrió golpes en la cara, lesiones en la nariz y perforación del tímpano, necesitando 20 días de curación de los que 7 fueron de baja obligada, según los hechos que relata la sentencia.

El acusado fue condenado por el juzgado de lo Penal número 5 por un delito de agresión a funcionario público y un segundo delito de lesiones con penas que suman 24 meses de cárcel y 800 euros de multa. La sentencia y los hechos han quedado ahora ratificados por el fallo de la Audiencia Provincial.

La Audiencia ratifica las conclusiones del juzgado de lo Penal y rechaza cualquier posibilidad de que los dos trabajadores agredidos «hayan faltado a la verdad para perjudicar al acusado», más bien al contrario éste, conocedor de la profesión y la actividad de los funcionarios, actuó con «reacción iracunda» y sus actos fueron realizados en «momentos de incontenida cólera» y de «desenfrenado enojo», por lo que no están cubiertos por atenuantes.

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