­Carmen Manzano, la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, habla del Código Civil como síntoma de una sociedad que ha bajado los brazos contra el maltrato animal. El artículo 333 de la norma habla de «bienes muebles e inmuebles y todo lo que se mueve, los animales, por ejemplo, es un bien mueble», dice espantada. Ése es un problema de base que, tras años de crecimiento y expansión del movimiento animalista y del ecologismo, parece claramente superado y todo se arreglaría con una redefinición. «Los animales son seres sintientes, personas no humanas que tienen derecho a una vida y a una muerte dignas», aclara. De considerar una cosa a tu mascota a maltratarla va un paso. No son sólo palabras. La semántica encierra realidades ocultas.

La Fiscalía de Medio Ambiente registró el año pasado 22 casos de maltrato a animales domésticos y 20 agresiones a la flora y la fauna. Sólo unos pocos de los muchos casos llegan al juzgado. «Ese dato se queda corto porque la mayor parte del maltrato animal se queda en simples expedientes administrativos», dice. Es decir, no llegan a la vía penal sino que son resueltos con una simple multa por el Ayuntamiento de turno o la comunidad autónoma. Además, no se denuncia tanto como se debería.

¿Qué se puede hacer? El Código Penal ha ido endureciendo en sus sucesivas reformas los delitos de maltrato animal, tanto que hace unos años no se consideraba infracción penal pegar a tu gato o a tu perro, pero las penas siguen siendo bajas. Aunque, más que la represión, lo que falle, tal vez, sean la prevención y la cadena anterior a que el asunto llegue al juzgado.

Ahora, la ordenanza de Málaga que vela por los animales se va a cambiar, aclara Manzano, pero recuerda que «mientras la policía siga siendo una policía administrativa, que sólo puede multar las faltas leves, no hay nada que hacer». Éste es el primer punto que toca la también vicepresidenta de la Federación Tidus, que agrupa a todas las protectoras y colectivos animalistas de la provincia. «Necesitamos una policía animalista judicial, que tuviera potestad de oficio para retirar los animales», aclara. Es decir, no unidades que, entre sus atribuciones, tengan estas obligaciones además de perseguir el urbanismo ilegal y otras agresiones al medio ambiente.

Aunque el problema básico tal vez sea que no hay una Ley de Protección Animal a nivel estatal, sino que cada comunidad legisla a su manera en este campo. «Necesitamos una norma a nivel nacional», indica.

¿Qué puntos debería contener esa ley estatal? Para Manzano, una policía animalista como la que existe en Francia, ha de contemplar la protección exhaustiva de los perros de caza, la obligación de esterilizar a todos los perros y gatos, regularizar el tema de la cría, de forma que una perra no tenga que tener más que un número fijo de camadas durante su vida, regular también el sacrificio, de forma que se haga siempre sin dolor para el animal, reducir el IVA para los productos veterinarios (ahora en el 21%) y el establecimiento de un registro de maltratadores y abandonos, de forma que una persona que deja a su perro o gato en una perrera y que reincida no pueda hacerlo más y se le impida adoptar.

Manzano también reclama la reforma del Código Civil, penas más duras y hasta una asignatura de concienciación animal en la escuela, «porque la educación es la base de todo para que los niños sepan que los animales tienen derecho a una vida digna».

Esta misma semana se reunió la Mesa de Bienestar Animal de Málaga, en la que se aprobó llevar a pleno un control más exhaustivo de las colonias de gatos y la identificación de perros usando el ADN. «Aquí el responsable de todo es el que abandona», aclara, y recuerda que el Refugio está desbordado. «Ahora tenemos 700 perros de caza, la mitad podencos», concluye.