­El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, hizo ayer balance en Málaga del plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Ejecutivo en esta legislatura. La iniciativa, que pretendía atajar el grave problema de morosidad de las administraciones con sus firmas proveedoras de obras y servicios, ha permitido liberar en la provincia fondos en 2012 y 2013 por valor de 416,5 millones de euros y pagar más de 93.300 facturas pendientes. El 62% de estos pagos (257 millones) ha sido para pequeñas y medianas empresas mientras que el 38% restante (158) fue para pagar a firmas de gran tamaño.

«Quien presta el servicio tiene que cobrar porque si no se pone en riesgo la propia continuidad del servicio público y los puestos de trabajo de las empresas que trabajan para la Administración», comentó Beteta, que se reunió en la sede de la Diputación con los responsables de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP). Añadió que esta garantía de pago ha permitido también una mejora de los concursos públicos. «Ahora hay más competencia. Se presentan más empresas y los precios se ajustan mejor. Por tanto, hay beneficio tanto para la empresa como para la Administración que saca el concurso», afirmó Beteta.

La vicepresidenta ejecutiva de la CEM, Natalia Sánchez, celebró los efectos del plan de pago a proveedores pero animó a seguir trabajando para que «se mantenga el rigor a la hora de hacer frente en tiempo y forma a las facturas». Recordó además que todavía hay un volumen pendiente de pago de al menos 100 millones de euros correspondientes a facturas que en su día no pudieron acogerse al plan de pagos, bien porque no estaban debidamente contabilizadas o porque estaban ya requeridas en el ámbito judicial.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Emilio López Caparrós, calificó el plan como «una buena solución» y un «balón de oxígeno» recordando que, en su momento, la deuda de los seis principales municipios de la provincia, a excepción de la capital, superaba los 160 millones. De ellos, más de la mitad era con firmas constructoras. Coincidió, no obstante, en pedir más medidas contra los impagos. «A día de hoy la mayoría de administraciones sólo licitan obras para las que cuentan con dinero pero hay algunas que han decidido volver a las andadas», advirtió. La ACP denunció además que en algunos ámbitos todavía no se ha implantado la facturación electrónica, preceptiva desde inicios de 2015 (en los últimos meses, ha criticado en este sentido a la Junta de Andalucía). Este sistema permite a Hacienda detectar qué administración incurre en impago a sus proveedores. López Caparrós planteó que Hacienda podría abonar estas deudas y luego ajustar cuentas con la administración morosa a través de las transferencias del Estado.

Sube un 177% el superávit. Por otro lado, el secretario de Estado también aseguró que la actual situación economía de los ayuntamientos de la provincia, por lo general, ofrece un panorama «francamente saneado» y afirmó que esa situación, en un territorio con un volumen de población significativo, «contribuye de forma decisiva» a que España «pueda cumplir con los objetivos de déficit, de deuda y de pago a proveedores». Así, 82 entidades locales presentan actualmente superávit presupuestario, con un saldo positivo conjunto de 463 millones. Por contra, sólo hay 18 con déficit (es decir, siguen gastando más de lo que ingresan) y un saldo negativo conjunto de 5,7 millones. Beteta no quiso detallar la lista de deficitarios y prefirió destacar que el buen escenario general de las entidades locales en Málaga está sirviendo para contribuir a la «buena marcha económica» de España y Andalucía.

Fuentes del Gobierno señalaron que en 2012 había 25 ayuntamientos en déficit y 75 en superávit, con lo que la evolución no revela un gran cambio aunque sí lo hace la cuantía del superávit conjunto, que ha subido un 177% (de 167 millones a los citados 463).

Beteta, acompañado por el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, destacó también la evolución de esta institución, señalando que desde 2011 mantiene una «gestión austera» que le han permitido «generar una política de inversión financieramente sostenible y una reducción de la deuda pública». «Es una de las que mejor trabaja de España», dijo. La Diputación se acogió al plan de pago a proveedores con 62 facturas y un importe global de 496.000 euros. El plazo actual de pago a los proveedores es de 18,5 días.