Tribunales

El Supremo reduce la condena a cuatro concejales de Malaya pero eleva la pena original

El Alto Tribunal se queda en dos años y medio, seis meses más de lo dictado en el juicio y de lo que pedía el fiscal del Supremo – Su ejecución supondría cárcel

21.10.2015 | 09:55
Primera sesión del juicio contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.

­Un auto de aclaración de la Sala del Tribunal Supremo que estudia los recursos del caso Malaya ha reducido en un año la condena de cárcel por cohecho pasivo a cuatro concejales, aunque esta nueva resolución no evitaría que entraran en prisión por sumar más de 24 meses. El documento, fechado el pasado día 15 y en poder de La Opinión de Málaga, corrige las penas propuestas desde el principio por la Fiscalía del Supremo, que el 28 de septiembre reconoció el error de pedir tres años y seis meses para los exediles María Belén Carmona de León, María José Lanzat Pozo, Rafael González Carrasco y Emilio Jorrín Gestal, todos condenados en segunda instancia con una petición mayor a los dos años solicitados por el Ministerio Fiscal por la que fueron sentenciados en la Audiencia de Málaga con una decisión que no suponía cárcel.

Ahora, sin embargo, tras la petición de rectificación de los interesados y del propio fiscal, el Supremo considera que los dos años originales no alcanzan el «mínimo legal» que corresponde a la continuidad del delito que se pretende castigar. «La pena privativa de libertad no ha de ser fijada, como se solicita, en dos años de prisión, sino en dos años, seis meses y un día. Este es el mínimo legal que corresponde al delito por el que estos recurrentes han sido condenados como consecuencia de la estimación de los motivos 17º, 18º, 21º y 22º del recurso del Ministerio Fiscal, cual es un delito continuado de cohecho pasivo por acto injusto ejecutado, ex artículo 420 del Código Penal, inciso primero –en su redacción a la fecha de los hechos–. Este delito se castiga con pena privativa de libertad de uno a cuatro años. Al apreciarse como continuado, dicha pena debe aplicarse en su mitad superior, lo que nos sitúa entre los dos años, seis meses y un día y los cuatro años», justifica la resolución, que es recurrible.

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