Un informe jurídico concluye que se dan los requisitos legales para que el Ayuntamiento de Málaga pueda resolver el convenio urbanístico de Hoyo Espartero, «por incumplimiento» del abono estipulado en el mismo por parte de la entidad promotora, pero que ello «no implicaría el cambio del proyecto urbanístico ni, por tanto, salvar La Mundial o impedir la construcción del hotel diseñado por Rafael Moneo. En cambio, añade, «daría lugar al pago a la promotora de un justiprecio muy elevado para el municipio».

El informe, realizado por la asesoría jurídica de la Gerencia de Urbanismo, añade que no obstante, el Ayuntamiento de la capital, como administración y apelando «a la satisfacción de las necesidades sociales y al interés público», puede disponer una modificación del planeamiento urbanístico de la zona, si bien esto no evitaría tampoco el derecho de los afectados a ser indemnizados, lo que llevaría a un contencioso judicial de largo alcance.

Este estudio se realiza en aplicación del acuerdo del pleno de julio pasado. La sesión plenaria, en relación a una moción presentada por el grupo de IU, acordó solicitar un asesoramiento legal para estudiar la viabilidad jurídica y las consecuencias de la resolución del convenio de Hoyo Espartero.

En dicho convenio la promotora Braser se compromete al pago de 4,8 millones de euros como indemnización económica a cambio del aumento de los derechos urbanísticos. La promotora debió cumplimentar en abril el pago de dicha cantidad, pero en su lugar pidió un aplazamiento para su abono que también se incumplió, por lo que el Ayuntamiento ha iniciado por vía ejecutiva el expediente de cobro de los 4,8 millones.

El informe jurídico solicitado por el pleno de julio que acaba de hacerse público señala que el impago de esta cantidad es un «incumplimiento de una de las obligaciones contractuales esenciales», lo que avala al Ayuntamiento o bien para reclamar el cumplimiento del pago del dinero o la resolución del contrato.

El Ayuntamiento escogió reclamar el dinero por la vía de apremio, pero eso no le impide, explica el documento, revocar la ejecución forzosa y optar por poner en marcha la resolución del convenio.

No obstante, el escrito deja bien claro que «aunque se llegara a la resolución del convenio ello no implicaría la modificación automática del planeamiento urbanístico de la zona ni, por tanto ´salvar La Mundial y el Pasillo de Atocha´, como recogía la moción» de julio.

Y ello porque el planeamiento urbanístico no es fruto del convenio firmado, sino de la potestad del Ayuntamiento por dar un ordenamiento urbanístico a la zona. Además, añade el informe, la resolución del convenio «daría lugar al pago de un justiprecio muy elevado y excesivamente oneroso para el municipio». Otro camino es que el Ayuntamiento tiene la potestad de cambiar el planeamiento urbanístico del lugar, siempre de manera motivada y por interés público. Pero tampoco en este caso se evita «el derecho de los particulares a ser indemnizados» , concluye el escrito jurídico.