La Fiscalía de Málaga solicita cinco años de prisión para un hombre que trabajaba para la Empresa Malagueña de Transporte (EMT), acusado de estafar a ésta girando facturas a empresas propias, en algunos casos «infladas», y en otros, el suministro de material no era entregado. La cantidad supuestamente defraudada es de 355.754 euros y el juicio será el próximo lunes en la Audiencia malagueña.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, desde 2007 a 2011, el acusado trabajaba en dicha sociedad como ingeniero de telecomunicaciones, siendo director de sistemas de comunicación y jefe de proyectos. Se encargaba de las instalaciones de la empresa, mantenimiento del sistema de ordenadores para la recarga y venta de tarjetas de viajes.

Además, dice la acusación pública, tenía «total autonomía en su trabajo a la hora de adquirir mercancías y solicitar suministros a proveedores, debiendo dar la conformidad a las facturas enviadas a la empresa». Así, el procesado, junto a otra acusada, que era su pareja y que también será juzgada, creó dos sociedades «con el único fin de lucrarse en perjuicio de la EMT».

Así, se señala que utilizaban esas empresas «como tapadera», llegando a girar más de 50 facturas, algunas de las cuales «estaban infladas en un 30 por ciento del precio real» y en otros casos «el suministro de material nunca fue entregado a la EMT».

En las firmas siempre aparecía la otra acusada; mientras que el procesado se aprovechaba de que conocía el sistema de adjudicación de la empresa.

El departamento económico de la EMT detectó un aumento significativo en los gastos de facturación e inició una investigación, que dio como resultado una denuncia por estos hechos. La cantidad supuestamente defraudada es de 355.754 euros y se le acusa a los dos por un delito de falsedad en concurso con estafa continuada.

Además de la pena de prisión de cinco años para cada uno, el fiscal solicita que se les imponga una multa de 2.700 euros y que los dos acusados indemnicen a la EMT con la cantidad de 355.754 euros, supuestamente defraudada, considerando que es, igualmente, responsable civil una de las sociedades utilizadas por los procesados.