­Un exempleado del Ayuntamiento de Málaga cuyas iniciales son R. A. F. está acusado de malversación y falsedad en documento público por haberse quedado 9.613 euros de las tasas que pagaban los empresarios de bares y restaurantes para poner sus terrazas en la calle entre 2002 y 2006. Se juega dos años de cárcel, tres de inhabilitación absoluta y las costas, aunque él ya ha reconocido lo que hizo y devuelto la suma.

Según consta en la calificación fiscal, el procesado trabajó para el Ayuntamiento de la capital entre 2002 y 2006 como oficial recaudador en régimen laboral fijo con adscripción al área de Empleo, Comercio, Industria y Vía Pública. Entre las competencias del departamento, se encontraba la autorización de la ocupación de la calle con mesas y sillas por parte de bares y restaurantes, ya sea con carácter anual u ocasional. «Tal autorización devengaba una tasa establecida en la consiguiente ordenanza fiscal que se liquidaba igualmente por el servicio indicado», asegura el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales.

«El acusado, aprovechando dicha situación y con la finalidad de obtener un beneficio económico ilícito, bien a través de su propio ordenador o bien a través del de sus compañeros -de los cuales conocía sus claves-, alteraba la hoja de ruta informática de dichas liquidaciones pasándolas con conocimiento de su falsedad del estado número cinco, donde debían estar para generar dicha carta de pago, al diez, es decir, de archivo, a fin de que no generase ninguna liquidación hasta el año siguiente», indica la acusación pública.

Comparecencia. Una vez efectuado lo anterior, «requería a los contribuyentes a fin de que comparecieran en las dependencias municipales a fin de pagar las correspondientes liquidaciones, procediendo éstos a entregar dichos importes en efectivo al encausado». Él, por su parte, les entregaba unas cartas de pago «falsificadas» que él mismo confeccionaba y que «no se correspondían con las originales del Ayuntamiento a fin de justificar dicho pago».

El importe defraudado por el acusado ascendió a 9.613,51 euros. Además, la Fiscalía asegura que el encausado reconoció los hechos ante el Juzgado de Instrucción número tres de la capital cuando «se le recibió declaración judicial en calidad de imputado y en el marco del expediente disciplinario incoado al mismo por el Ayuntamiento».

Además, explica el representante del ministerio fiscal, el 6 de febrero de 2008 el encausado ingresó en las arcas municipales el importe defraudado, «con el consiguiente recargo e intereses legales».

Calificación fiscal. Los hechos relatados fueron calificados por la Fiscalía como un delito de malversación en concurso ideal con un ilícito de falsedad en documento público. Asimismo, el ministerio público aclara que, en este caso, concurren las circunstancias atenuantes de reparación del daño, la de dilaciones indebidas, dado el tiempo que han transcurrido desde los hechos hasta la fase de juicio oral, y la de confesión.

La acusación reclama para el acusado dos años de cárcel, tres años de inhabilitación absoluta y el pago de las costas procesales. Eso sí, no cabe efectuar ningún requerimiento de responsabilidad civil dado que el Ayuntamiento de Málaga, a través de su representante legal, ha renunciado a las acciones penales y civiles al haber indemnizado a esta institución pública el acusado. El juicio, aún sin fecha, se celebrará ante el Tribunal del Jurado de la Audiencia malagueña.