El promotor cordobés Rafael Gómez Sánchez Sandokán, condenado en el marco del caso Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella, ha sido estafado. En concreto, lo fue su promotora Arenal 2000, que compró una finca que un hombre vendió como si fuera suya sin que eso fuese verdad. El acusado, que ha aceptado los cargos sostenidos por la Fiscalía de Málaga, ha sido sentenciado a dos años de cárcel por un delito de estafa y otro de falsedad en documento privado.

Además, el sentenciado deberá abogar 150.000 euros a la promotora de Gómez y 145.217 a un banco en el que cobró uno de los pagarés, además de las costas.

Según consta en la sentencia del caso, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, el acusado, J. B. C., vendió a la mercantil Arenal 2000, mediante un contrato de compraventa privado celebrado en Benalmádena el 10 de mayo de 2005, una propiedad inmobiliaria en Manilva Sabinillas, «aparentando ser el propietario de la misma».

Así, presentó para ello copia de una escritura en la que su padre les vendía a él y a su hermano la finca «por mitades indivisas» y la copia de un posterior contrato «mendaz, elaborado por el acusado, de fecha de 24 de noviembre de 1997, por el que este adquiría la mitad indivisa de la finca, con el propósito de aparentar tener dominio de la misma», dice la Audiencia Provincial de Málaga en su fallo, notificado ayer a las partes y contra el que cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Por tanto, Arenal 2000, «en el conocimiento de la certeza de esos datos, celebró el contrato fijándose como precio de la venta la cantidad de 662.566 euros».

La empresa de Rafael Gómez entregó como medio de abono tres pagarés, «de los que se apoderó el acusado, que en ningún momento tuvo intención de vender la referida finca, toda vez que no era el titular ni tenía poder de disposición sobre ella».

El primero de los pagarés fue librado por la empresa de Sandokán, con vencimiento el 10 de noviembre de 2005, por importe de 150.000 euros, que, según la Sala, percibió el acusado.

El segundo pagaré tenía como fecha de vencimiento el 10 de mayo de 2007 y su importe ascendía a 260.000 euros, «que presentó al cobro el acusado y fue descontado por el banco, entidad que reclama el importe de 145.217,80 euros».

El tercero de los pagarés, con fecha de vencimiento del 10 de mayo de 2008, era de un importe de 252.566 euros, pero de este título no se tiene noticia alguna, aclara la Sala. El procesado se conformó con la pena solicitada por la Fiscalía y la acusación particular.

Rafael Gómez tuvo en su día importantes intereses inmobiliarios y urbanísticos en la Costa del Sol, de forma que el Tribunal Supremo lo condenó a seis meses de cárcel, a cambiar por una multa de 12 meses a razón del abono de 10 euros diarios y una sanción de 150.000 euros en el marco del caso Malaya, tras pagar a Juan Antonio Roca, exgerente de Urbanismo en Marbella, una suma por obtener una licencia.