­Con la Ley de Extranjería en la mano, la Policía Nacional continuó ayer con los trámites para expulsar a ocho de los quince supervivientes del naufragio de la patera que el jueves dejó cuatro muertos y 35 desaparecidos en el mar de Alborán. El protocolo se inició poco después de que los inmigrantes, todos de origen subsahariano, tocaran tierra y fueran atendidos por los voluntarios de Cruz Roja. Los que presentaban mejor estado fueron detenidos y trasladados directamente a la Comisaría Provincial de Málaga, donde pasaron la noche en los calabozos antes de incoarles los correspondientes expedientes de expulsión que más tarde tendría que refrendar un juez.

El siguiente paso será su traslado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), previsiblemente el de Algeciras, para finalmente devolverlos a Camerún, Costa de Marfil y Mali, los países de origen del primer grupo de detenidos. Lo mismo ocurrirá con el resto, repartidos entre Carlos Haya y Hospital Civil, cuando vayan recibiendo el alta (dos ayer) por la deshidratación, hipotermia e hipoglucemia con el que ingresaron tras una experiencia aterradora.

La asociación Málaga Acoge no tardó en denunciar la frialdad con la que consideran que están siendo tratados los supervivientes. La presidenta de la entidad, Adela Jiménez, cree que deberían haber recibido un trato humanitario con apoyo psicológico y de especialistas en situaciones tan dramáticas como la que vivieron y destacó que, por el contario, fueron tratados «como delincuentes siendo privados de libertad». «Estas personas llegaron en una situación atroz al puerto de Málaga tras haber sobrevivido durante numerosas horas en el agua, apenas agarrados a los restos de la embarcación en la que viajaban y viendo cómo hasta 35 personas con las que compartieron viaje, entre ellos dos bebés, iban desapareciendo bajo el mar», abundaron desde la asociación. Desde la Federación Andalucía Acoge fueron más allá y exigieron a la Unión Europea que «investigue este naufragio, que se garanticen los derechos de los supervivientes y se exijan responsabilidades» antes de pedir un cambio en las políticas fronterizas que, «como demuestra este nuevo suceso, han fracasado». «Este tipo de tragedias no son fortuitas, sino la consecuencia de la falta de cauces legales que permitan la existencia de movimientos migratorios en condiciones de dignidad», aseguró la presidenta de la federación, Sylvia Koniecki.

Mientras tanto, la búsqueda de los 35 ocupantes de la patera que de desfondó la madrugada del jueves continuó ayer sin resultado con un dispositivo que comenzó en el corazón de Alborán a las 6.20 horas a unas 40 millas al nornoroeste de Alhucemas, punto de Marruecos desde el que zarpó la zodiac. El Centro de Coordinación de Almería movilizó el helicóptero Helimer 201 y la embarcación Guardamar Polimnia, aunque a lo largo del día se sumaron dos patrulleras, una de la Guardia Civil y otra de la Armada islandesa que forma parte de la operación Indalo. Según Salvamento Marítimo, no está previsto que se reanude la búsqueda a menos que se encuentren indicios de supervivientes.