Un total de 2.250 personas con discapacidad intelectual, física y sensorial podrían perder sus puestos de trabajo en los próximos meses a consecuencia del cierre de los centros especiales de empleo, que sufren los impagos de la Junta desde hace ya 22 meses. La situación de estos centros es crítica debido al incumplimiento de los compromisos por parte de la Junta de Andalucía, que debe a los 71 que funcionan en la provincia de Málaga la totalidad de los pagos referentes a 2014 y 2015. Algunos, incluso, acumulan deudas desde el pasado 2012. El total de la comunidad arroja la cifra de 60 millones de euros en impagos y en Málaga es de 12 millones.
La Asociación de Centros Especiales de Empleo de Málaga (Aceem) denuncia que durante los últimos años se han ido eliminando los conceptos incentivables al empleo protegido que figuran en la Ley de Integración Social de los Minusválidos. «Estas líneas incentivables se han dejado de subvencionar sin motivo, razones ni derogación legal», señalan, al tiempo que critican que desde la Junta de Andalucía sólo se les admita la solicitud de mantenimiento de empleo, «demorándose los pagos 22 meses en el 100% de los casos y aún a 48 meses en algunos casos». «Esta demora coloca a los Centros Especiales de Empleo andaluces que aún no han cerrado al borde de la quiebra y a las 10.600 personas con discapacidad que trabajan en ellos, en situación de angustia extrema ante un futuro inmediato de desempleo sin alternativa laboral».
No es la primera vez que La Opinión se hace eco del problema de estos centros que emplean a personas con discapacidadLa Opinión. Hace un año que estos centros denunciaban que llevaban sin cobrar todo 2014 tras la derogación de la ley que regulaba cómo solicitar los incentivos a la contratación. Un año después, la situación no sólo no ha variado desde el punto de vista económico, sino que se acumulan los impagos de los diez meses de todo 2015, a los que hay que sumar las doces mensualidades de 2014. Ante esta situación de incertidumbre, las asociaciones que agrupan a estas empresas en el territorio andaluz han iniciado un plan reivindicativo con el que exigir al Gobierno andaluz el pago de todas las mensualidades atrasadas. Así, critican que estos impagos afectan a 71 centros malagueños y 417 del total de la comunidad. El volumen de negocio, según datos de Aceem, es en Málaga de 113 millones y de 540 en la totalidad de la comunidad autónoma. «Cada euro que la sociedad invierte en los Centros Especiales de Empleo, tiene un retorno de 1,44», aseguran desde la asociación, que decidió crearse a tenor de las circunstancias económicas por las deudas de la Junta de Andalucía.
El presidente de Aceem, Alfonso Rubio, reconoce que están pagando las nóminas como pueden, aunque algunos meses han tenido que abonar una parte y, al mes siguiente, la otra. «La Junta nos pone a la cola y resulta que no hay dinero, pero nos dan todo tipo de excusas, como que no les funciona una aplicación informática», critica el también presidente de Aspromanis, que señala que todos los centros especiales de empleo de Andalucía se encuentran en la misma situación, con el 100% de la deuda por parte de la Consejería de Empleo.
Rubio admite que, si bien hace un año decidieron alzar la voz por la asfixia económica, en esta ocasión han decidido dar «un golpe en la mesa». «Se acabó, o nos toman en serio o nos abocan al cierre, ya no vamos a parar sin garantías», apunta Alfonso Rubio, que destaca que Málaga ha prendido la mecha del resto de provincias andaluzas, donde están en idénticas condiciones.
Aunque la mayoría de los centros especiales de empleo dependen directamente de asociaciones, muchos son también empresas privadas que en su día apostaron por emplear a personas con discapacidad. «En Málaga van a ser 2.200 personas las que se van a ir a la calle, y las alternativas para ellos son miserables», lamentó. A modo de ejemplo, señaló que en Aspromanis Servicios existen 19 empleados de los cuáles 17 son personas con discapacidad intelectual, física y sensorial.
Así las cosas, la semana que viene se concentrarán a las puertas de la delegación de la Junta de Andalucía, en la Alameda, y el día 8 harán una marcha a pie de Antequera a Sevilla por la vía de servicio de la A92 para reivindicar justicia en el sector. Acudirán representantes de todos los centros especiales de la comunidad autónoma. Paralelamente a estos actos, desde Aceem han puesto en marcha una recogida masiva de firmas en la plataforma change.org. Bajo el título «Susana Díaz no deje sin empleo a mas de 10.000 personas discapacitadas», en sólo unos días suman cerca de 2.200 rúbricas con las que exigen al Ejecutivo andaluz que cumpla con su compromiso con estos centros.
Así, en esta misiva pública ponen como ejemplo la historia de Jorge Villegas Bernal, un joven de 31 años con discapacidad sensorial del 78% que aparca coches en las zonas habilitadas por el Ayuntamiento de Málaga. «Su discapacidad no le impide realizar su trabajo al mismo nivel que el de un trabajador sin discapacidad, aunque hasta ahora nunca había tenido oportunidad de demostrarlo», señalan. «El 90% de las personas que como Jorge tiene una discapacidad en este país, no tienen trabajo, su vida transcurre en un infinito periodo de formación laboral sin salida». Por este motivo, reclaman el pago de las deudas, para que tanto este joven como sus iguales puedan tener una vida lo más normalizada posible.
La Delegación de Empleo en Málaga informó de que ya se está comenzando a resolver las solicitudes de subvenciones y que los interlocutores de las asociaciones ya han sido informados de ello esta misma semana. Así destacaron que la deuda de 2014 y 2015 está en vías de resolverse y que las que se refieren a 2012 y 2013 son «nimias» y están a la espera de documentación.
Por su parte, la Diputación de Málaga instará a la Junta a afrontar su deuda con los Centros Especiales de Empleo de la provincia. La vicepresidenta Ana Mata, convocará a los grupos políticos de la institución para abordar el compromiso adoptado en el Pleno del lunes, 19 de octubre.
