­El exedil del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Manuel Sánchez, investigado en el caso de las supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas en la denominada operación Edu Costa, declarará el martes ante el instructor del procedimiento. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha citado también ese mismo día a su mujer e hijo, todos ellos relacionados con un curso de ayudante de cocina.

El pasado 11 de febrero, el entonces concejal del PP prestó declaración en el marco de las investigaciones y al día siguiente entregó su acta de concejal con el objetivo de evitar «el deterioro y el desgaste de su imagen pública, la de su familia y la de su empresa». También solicitó la suspensión de militancia del partido, convencido de su inocencia, hasta que los juzgados aclararan todo los hechos. Sánchez era concejal del organismo Delphos -encargado del empleo y la formación en el municipio- y de Protección Civil, y dijo cuando se conoció su citación que los hechos que se investigan eran del año 2010, fecha en la que no ostentaba ningún cargo público, y en su caso recibió una subvención para impartir un curso de ayudante de cocina. Según Sánchez, el curso lo impartió «con normalidad» y el expediente del mismo fue aprobado por la Junta de Andalucía.

Además, tiene en su haber una resolución de la administración autonómica aprobando la liquidación definitiva a su favor de la acción formativa que llevó a cabo, y que asciende a 5.734,93 euros.

Este documento lo entregó durante su declaración a la policía, ya que no constaba en las diligencias de investigación por tener fecha muy reciente, relativa el 26 de enero del 2015, y por ello el exedil estaba convencido de que si las autoridades lo hubiesen tenido no había sido citado a declarar ni estaría inmerso en esta causa.

Sánchez figura en la documentación acreditada del curso como coordinador y gestor del mismo, una figura que está incluida en la orden de la Junta de Andalucía.

Por estos conceptos cobró una retribución de 10.000 euros por la totalidad del curso, que duró seis meses más el tiempo previo y posterior en el que preparó la documentación del expediente.

La primera fase del caso Edu, que investiga el presunto fraude en los fondos de formación para desempleados, se ha dividido en dieciséis piezas separadas, aunque las diligencias se centran en diecisiete empresas, ya que dos de ellas se han agrupado en una misma pieza separada por tener vínculos.