La dirección de Limasa trasladará las reivindicaciones de carácter económico de la plantilla de Limasa al Ayuntamiento para que sea el alcalde, en función de las necesidades presupuestarias, el que decida, según puso de manifiesto el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, tras finalizar la segunda jornada de negociación para el nuevo convenio.
El comité, tal como se había comprometido, presentó a la dirección su plataforma para la negociación del nuevo marco laboral que, tal como señalaron en la primera cita, no plantea nuevas exigencias económicas o incrementos salariales, sino la recuperación de lo dejado en el camino en los últimos tres años. En concreto, lo que cedieron en diciembre de 2013.
Así, reclaman cuestiones como la paga de productividad de 1.419 euros, aunque reflejada no como tal, sino como otros complementos; la recuperación como descanso de los sábados y los domingos, y también que el periodo para disfrutar las vacaciones sea entre los meses de junio a septiembre, según la propuesta de los trabajadores, que abarca desde 2013 a 2016.
«Llevamos tres años de recortes y ya es hora de recuperar lo que hemos dejado en el camino», volvió a reiterar el presidente del comité de empresa, quien indicó que, «aunque la situación económica esté mejorando, no planteamos subidas, sino congelación salarial».
Asamblea. Por otra parte, Belmonte informó de que a mediados de este mes de noviembre tendrá lugar una primera asamblea de trabajadores para informarles de la situación en la que se encuentra la negociación del convenio colectivo. También será una asamblea donde el comité y la plantilla comiencen a hacer oír su postura de cara a la finalización del contrato en 2017.
El objetivo de los trabajadores, que defienden la municipalización de Limasa, para lo que cuentan con el apoyo de los tres grupos de izquierdas en el Ayuntamiento -PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente-, sigue siendo cerrar un convenio o llegar a un principio de acuerdo antes de final de año. En caso de no ser así, exigirán que se restablezca el de 2010-2012 y no descartan, de hecho, un nuevo conflicto laboral.
