Más de trescientas personas se dieron cita ayer ante la sede del Gobierno andaluz en Málaga para protestar por la situación de impagos que padecen los Centros Especiales de Empleo, que dan trabajo a más de 2.200 personas con discapacidad física, intelectual o sensorial en la provincia. Es la primera de un gran número de movilizaciones, que ayer decidió sacar a la calle a parte de las plantillas de sus centros para exigir a la Junta de Andalucía que pague las subvenciones atrasadas, correspondientes a 22 meses.

«Susana paga ya» o «nos vas a dejar sin trabajar» fueron algunos de los eslóganes que emplearon los asistentes en la protesta, que recogieron firmas para adjuntarlas a las digitales que están recogiendo en la plataforma change.org. El presidente de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Málaga (Aceema), Alfonso Rubio, manifestó en la concentración que los centros están asfixiados y que la deuda amenaza la supervivencia de los mismos, que emplean a personas con discapacidad en toda la provincia en labores de jardinería, limpieza, administración o asistencia domiciliaria. «Estamos reclamando nuestro dinero y nuestros derechos, que se mantengan los puestos de trabajo de personas con discapacidad. Los incumplimientos de la Junta nos ponen al borde de la quiebra y a los trabajadores en la calle sin ninguna otra alternativa laboral». La situación de estos centros es crítica debido al incumplimiento de los compromisos por parte de la Junta de Andalucía, que debe a los 71 que funcionan en la provincia de Málaga la totalidad de los pagos referentes a 2014 y 2015. Algunos, incluso, acumulan deudas desde el pasado 2012. El total de la comunidad arroja la cifra de 60 millones de euros en impagos y en Málaga es de 12 millones.

Uno de los afectados, Jacinto Gómez, trabaja desde hace seis años en Aspromanis Servicios, donde ejerce de camarero. Ayer admitía mientras repartía octavillas que este trabajo le ha permitido independizarse con 47 años. «Disfruto de mi trabajo, tengo miedo de perderlo», señalaba ayer, mientras su compañera Ana Bueno, de 34 años, recordaba cómo le gusta limpiar coches en el centro especial de empleo de esta asociación. «Sin trabajo no hay futuro», admitía Juan Pedro Clavero, que lleva 13 años haciendo copias en Aspromanis, lo que le ha permitido vivir con su novia.

La delicada situación que atraviesan estos centros en toda la comunidad autónoma ha puesto contra las cuerdas a los discapacitados de toda Andalucía, peligrando 10.500 puestos de trabajo. «Son personas con discapacidad diversa, están en el estrato más bajo de la empleabilidad. Si el paro en España es del 30% entre los discapacitados es el 90%», manifestaba el presidente de Aceema, responsable también de Aspromanis.

José Antonio Vera trabaja en Antequera en un centro de Adipa, donde enseña labores de jardinería. «La discapacidad necesita un apoyo del día a día, lo sé por mí y por los demás, sin esto sería muy duro», reconocía, al tiempo que admitía que dejarles sin trabajo es destruir parte de su existencia. Una de las trabajadoras de Asprodisis en Ronda, Rocío Fernández, admitía que quiere independizarse, cosa que si pierde su trabajo no podrá hacer. «Esto nos ayuda a tener una vida normal aunque tengamos una pequeña dificultad, no somos bichos raros», decía la joven, que manifestaba sentirse válida desde que trabaja en el centro especial de empleo.

Ante las reivindicaciones del colectivo, la Junta de Andalucía decidió ayer recibir a los representantes de Aceema, que el domingo se reunirán en Antequera con el resto de centros de toda la región para ir a pie hasta Sevilla. En la reunión, el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, y la delegada territorial de Empleo, Francisca Montiel, les trasladaron que la Junta de Andalucía está emitiendo ya las resoluciones provisionales de las subvenciones que les corresponden a estas entidades. Los responsables de la Junta les indicaron que se han emitido ya más del 60% de las resoluciones correspondientes a 2014 y que en las próximas semanas se culminará todo el proceso.

Según la Junta, también se les trasladó que se cuenta con una partida de 3,6 millones de euros y que la próxima semana habrá por parte del SAE una ampliación del crédito correspondiente para culminar el proceso de pago, «estando previsto que antes de final de año pueda estar finalizado», dijeron.