Medio Ambiente

Medio Ambiente negociará el mapa de inundaciones que afecta a todo el Guadalhorce

Ciedes media con la Junta ya que considera que su aplicación provocaría la pérdida de más del 70% del tejido productivo de los polígonos y municipios

05.11.2015 | 05:00
Polígono del Guadalhorce.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, reconoció ayer que el malestar generado tras el estudio de inundabilidad de la Junta en la zona del río Guadalhorce es «de calado», por lo que ha ofrecido al Ayuntamiento de Málaga y a los empresarios reunirse para abordar estos mapas de riesgo de inundación y «buscar una salida».

Así, Fiscal reconoció la dificultad de contentar a todos, pero sí abogó por analizar las posibilidades existentes para «evitar que estos planes cercenen de manera importante las posibilidades económicas de este espacio». «Sería bueno que nos sentáramos la Junta, el Ayuntamiento y los empresarios para, independientemente de cumplir con las obligaciones, se busquen salidas», declaró. Fiscal admitió que puede haber «cierta divergencia técnica» al respecto, e insistió, por ello, en que «sería bueno que nos sentáramos con tranquilidad para abordar el tema, a nivel técnico, político o político-técnico, y darle un impulso». En este punto, expuso que los estudios de inundabilidad «incluyen la posibilidad de que no se produzcan inundaciones realizando una serie de obras, muros de contención, canalizaciones, etcétera». Aunque, a priori, señaló que la Junta estaría «dispuesta» a sufragar parte de esas actuaciones, precisó que, «primero, habría que ver qué hay que hacer y, luego, qué le corresponde a cada uno».

Los representantes de los polígonos del entorno del río, que agrupan a unas 3.000 empresas, presentaron alegaciones, que han sido rechazadas, contra el plan de riesgo de inundación. Y es que, una vez que se apruebe, sus propiedades estarán en suelos inundables, lo que conllevará una pérdida de valor y la dificultad de obtener licencia para un cambio de actividad o una reforma.

Carta de Ciedes. En este sentido, la Fundación Ciedes ha remitido una carta a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y al consejero de Medio Ambiente solicitándoles su intermediación en el citado plan, cuyas conclusiones quedarán incorporadas al Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

Según Ciedes, este plan de Gestión, recientemente aprobado, tendrá consecuencias «muy negativas» para todos los municipios que atraviesa el Guadalhorce, ya que se estima que podría representar, solo en la capital, la pérdida de más del 70% del tejido productivo actual y futuro (unos 17 millones de m2 están afectados; más de 3.000 empresas y de 40.000 trabajadores).

Las misivas explican cómo ya el estudio preliminar del riesgo de inundación del río y los mapas de peligrosidad y riesgo del mismo contaban con un conjunto grave de inconsistencias técnicas que se expusieron en las alegaciones de los Ayuntamientos de Málaga, Alhaurín de la Torre, Cártama y de la Asociación de Polígonos de Málaga, y no han sido tenidas en cuenta.

Asimismo, se aclara que la aprobación prevista antes de final de diciembre de estos planes sin tener en cuenta las peticiones y alegaciones varias que se están haciendo, tanto desde los ayuntamientos como desde el tejido empresarial, supondría «la necesaria modificación» a corto plazo de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) y del propio Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTAUM), que recoge la calificación de los actuales terrenos inundables como zonas de desarrollo industrial, empresarial y como áreas de oportunidad.

Además, Ciedes indica otras consecuencias inmediatas como la desclasificación de todos los suelos vacantes, pasando a ser no urbanizables, y la eliminación progresiva de las actividades que hoy se realizan en los suelos urbanos consolidados o la imposibilidad de tramitación de las Áreas de Oportunidad situadas en las márgenes del río Guadalhorce en los municipios de Cártama y Alhaurín recogidas en el POTAUM, incluida el Área de Oportunidad de la Ciudad Aeroportuaria o la reducción en más de un 50% del valor patrimonial de las empresas actualmente instaladas en los terrenos.

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