Urbanismo

El Gobierno elabora la orden para la transmisión de las casas de El Palo

El proyecto afronta ahora un periodo de 15 días de alegaciones – Los vecinos sólo evitarían pagar por ellas si demuestran mediante escritura pública o contrato privado previo a 2013 que son los propietarios

09.11.2015 | 01:37
Una vista de las casas de Pedregalejo, pendientes de que se publique la orden que permita a los vecinos escriturar las casas.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado en su página web el proyecto de orden que permitirá regularizar las viviendas situadas en primera línea de playa en las barriadas de El Palo y Pedregalejo y transmitirlas legalmente a sus propietarios, según informó este viernes el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones.

Esta orden de alcance nacional, fruto de un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, podría ser publicada antes de final de año, pero antes debe pasar la preceptiva fase de alegaciones. Los interesados disponen ahora de un plazo de 15 días para presentar alegaciones al listado de requisitos que enumera el Ministerio en su proyecto.

La orden aparece dos años después de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Costas en 2013, que legalizó las más de 500 viviendas situadas en esta parte del litoral de la ciudad. El Ministerio ya consideró entonces en la disposición séptima a los núcleos de El Palo y Pedregalejo entre las doce excepciones que contempla la reforma de la Ley al dominio público marítimo-terrestre, al considerar que son zonas urbanas consolidadas y estar así desde antes de la aprobación de la Ley de 1988. Sin embargo, era precisa la publicación de la citada orden para que se desarrollase jurídicamente este procedimiento que permita a los propietarios escriturar las casas, reforzando así su seguridad.

Briones dijo que Málaga y estos vecinos están «de enhorabuena» pero recordó que, para iniciar el proceso, la orden debe publicarse definitivamente en el BOE, algo que podría producirse durante el próximo mes de diciembre, según calculó.

El proyecto de orden contempla varios supuestos, entre ellos, la transmisión de los inmuebles de forma gratuita a aquellas personas que demuestren que, ellos o sus antecesores, ya adquirieron su propiedad de forma onerosa, siempre antes de la entrada en vigor de la citada Ley (mayo de 2013), ya fuera mediante escritura pública o por documento privado presentado en una oficina pública o por inscripción en el Registro de la Propiedad.

En el resto de casos, los vecinos sí tendrán que pagar para poder regularizar las casas. No obstante, en el proyecto se establece una serie de bonificaciones que van desde el 60% al 90% del valor de tasación del suelo donde están construidas (no así del valor tasado de la construcción). El Ministerio establece en todo caso que, en el caso de que el precio de la transmisión fuera superior a los 30.000 euros, se podrá autorizar a esos vecinos propietarios un pago aplazado por un tiempo no superior a los diez años. Y en el caso de que se beneficie de alguna de las reducciones, se impone una limitación de cinco años antes de que el propietario pueda disponer del inmueble para su venta a título oneroso o lucrativo.

Las enajenaciones, ya sean onerosas o gratuitas para los propietarios, se formalizarán en escritura pública, corriendo los gastos a derivados de la operación por cuenta del adquiriente, según reza el proyecto colgado en la web.

Con el fin de identificar a los posibles beneficiarios, la convocatoria pública dará un plazo de dos meses para que los interesados presenten la documentación requerida que acredite que pueden acceder a la transmisión de los inmuebles.

Según explicó Briones, la Subdelegación del Gobierno convocará reuniones con los colectivos vecinales para que conozcan «el nuevo panorama» que se les presenta. Fuentes vecinales señalaron a este periódico que han sido convocados para el próximo martes. El subdelegado confió en que el proceso se desarrolle de forma «ágil» y afirmó que con este paso «el desasosiego familiar y la incertidumbre se empiezan a despejar definitivamente» para estas familias.

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