Tribunales

La Justicia malagueña se enfrenta a la revisión de más de 5.000 casos

El 5 de diciembre entra en vigor la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece plazos de seis y dieciocho meses para la instrucción de un asunto

09.11.2015 | 22:36

Las asociaciones aseguran que el resultado será "la impunidad de hechos delictivos"

­La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) entra en vigor el próximo 5 de diciembre y, entre sus modificaciones, hay una auténtica carga de profundidad: se limitan las instrucciones a seis meses para los casos sencillos y a dieciocho para los complejos. La norma prevé que jueces de Instrucción y fiscales hagan una gran auditoría de los procesos vivos para determinar qué hacer con ellos. Si el fiscal no ha pedido ya pruebas y se ha agotado el plazo, tendrán que ser archivados, según fuentes judiciales. En Málaga habrá que analizar más de 5.000 casos.
Ahora es, sobre todo, trabajo del fiscal cribar y diferenciar el grano de la paja. «Habrá que revisar caso por caso, aunque el tema afecta sobre todo a la instrucción de nuevos casos y los que van a necesitar prórrogas no son tantos», dicen las fuentes. La Comisión Provincial de Policía judicial ya estudia la forma en la que se va a aplicar esta mega auditoría. «De cualquier forma, el juez conoce perfectamente el estado de su juzgado y sabe cómo van los casos. Además, en cada órgano hay fiscales adscritos», señalan.

Habrá que peinar esos 5.000 casos en los 14 juzgados de Instrucción de la capital. «Obliga al fiscal a ver qué va a hacer, ya no puede pedir nuevas pruebas si se le acaba el plazo, y si no las ha solicitado ya; ahora, por falta de pruebas podría determinarse el archivo del asunto y darse una catarata de sobreseimientos», precisan las fuentes judiciales.

Por tanto, el fiscal es el que, en casos excepcionales, debe motivar por qué quiere una extensión de la investigación más allá de los seis o los dieciocho meses, lo que no gusta nada a las asociaciones profesionales de la judicatura y la Fiscalía. «Estamos preocupados», reconocieron las fuentes, que recuerdan, además, que todo esto se hace sin dotar de nuevos medios materiales y humanos a los juzgados.

La XXV reunión nacional de los jueces decanos españoles tuvo lugar en Vigo, del 26 al 28 de octubre pasados. Entre sus conclusiones, los togados consideraron inadmisible este punto del texto. «Sorprendentemente, se han aprobado otras medidas poco comprensibles en cuanto a que van a tener un efecto sumamente negativo, como lo es el establecimiento de plazos-límite a la instrucción», aclaran.

Además, añaden que los tiempos se prolongan por «la permanente escasez de personal y medios así como por leyes anticuadas que aplicamos al proceso penal y que, gobierno tras gobierno, nadie se atreve a modernizar». Incluso, recalcan que «los tiempos de la instrucción no sólo dependen del trabajo del juez sino de múltiples condicionantes externos a él: trabajan en el proceso fiscales, letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses, policías, traductores, tasadores, economistas, informáticos, funcionarios de Hacienda, interventores... y además muchas diligencias dependen de otros órganos judiciales, en ocasiones extranjeros».

«No por mucho señalar plazos se tramitarán los procesos con mayor agilidad, pues lo que hacen falta son precisamente medios humanos y materiales e intensificar la cooperación judicial internacional», aclaran.

Asimismo, recuerdan que en «el proceso administrativo se prevé la suspensión de los plazos si se solicitan informes externos o técnicos. En la Justicia Penal no. Es, además, inadmisible que la prórroga de los plazos de instrucción aparezca monopolizada por el fiscal».

Las asociaciones de jueces y fiscales emitieron el pasado 15 de octubre una nota al respecto y tacharon la norma de «ley de punto final, de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados», por lo que se solicitó la suspensión temporal del texto.

«El 5 de diciembre, se aplicará a todos los procedimientos vigentes, es decir, habrá que revisar todas las causas penales que se encuentran en fase de instrucción en todos los juzgados de España, teniendo éstos que atender la carga de trabajo ordinaria y todo ello sin necesidad de habilitación presupuestaria alguna», esgrimen, al tiempo que critican que se dé un papel preponderante al fiscal en «régimen de monopolio».

El asunto tendrá especial trascendencia en la provincia, con algunas macrocausas que llevan años en instrucción.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

La gala

Premios Málaga 2017 de La Opinión

Prensa Ibérica entrega cinco premios al Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol; a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI); al presidente de La Canasta; a Turismo Andaluz; y a Lamari.

 
 

La Opinión, en tu WhatsApp


Apúntate, es gratis

Toda la actualidad de Málaga, en tu móvil con nuestras alertas informativas por WhatsApp



Enlaces recomendados: Premios Cine