­El exjefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (Edoa) de la Guardia Civil, que se juega más de 30 años de cárcel, negó ayer en el juicio que haya colaborado con bandas de narcotraficantes en distintos golpes o que avisara a confidentes de operaciones en marcha. Él, dijo, se limitó a cumplir con la ley.

La Fiscalía acusa a este exmando -con rango de teniente- de cohecho, contra la salud pública, asociación ilícita, malversación, robo con intimidación, falsedad documental, revelación de secreto o encubrimiento. El que no está es el sargento fugado, al que se le piden 55 años. En total hay 35 encausados.

«Rotundamente falso, señor fiscal». Con esa frase contestó a numerosas preguntas el principal procesado del caso. Es mentira, explicó, que contactara con confidentes para que acudieran a un alijo de droga en Guadalmar, en el que se dispuso un operativo de la Guardia Civil, para que se quedaran con parte del cargamento. Tampoco llegó a un acuerdo con ningún informador.

«Mi obligación era aceptar información para la lucha contra el tráfico de drogas», aseveró el procesado, incidiendo en que siempre siguió un procedimiento «legal» en cuanto a los tratos con los confidentes. Al respecto, aseguró que su lealtad «la tengo muy clara» para con los compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no con los informadores.

Sobre otro desembarco de droga, esa vez en Marbella, insistió en que «en ningún momento» se permitió perder de vista la droga ni se dio oportunidad de robarla. Asimismo, negó que diera informaciones a confidentes de las investigación contra ellos y explicó que incluirlos en las bases de datos era para «evitar se manipulado» por éstos. Dijo que 3.000 euros encontrados en su casa era dinero que su familia había estado ahorrando durante años para amortizar la hipoteca.