Datos de la violencia de género

La policía protege a 876 malagueñas de los malos tratos de sus parejas

Una víctima tiene un nivel de riesgo extremo, lo que supone vigilancia permanente, y dos alto, que consiste en observación frecuente en el trabajo y ofrecimiento de ingreso en un centro de acogida

11.11.2015 | 16:02

Málaga es la provincia andaluza en la que más maltratadores, 46, llevan dispositivos para asegurar las órdenes de alejamiento.

El 48% de los hombres malagueños no intervendría si presenciase que un amigo está maltratando a su pareja. Ese dato revela hasta qué punto queda trabajo por hacer en la sensibilización y educación social frente a este fenómeno. En la otra vertiente del problema, la policial, ayer se conoció otro número: 876 malagueñas son protegidas en este momento por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el riesgo de ser víctimas de la violencia machista. El dato es casi idéntico al de octubre de 2014: en ese momento eran 892 las féminas vigiladas por los funcionarios policiales. Parecen dos cifras ajenas entre sí, pero están íntimamente relacionadas.

Pese a las numerosas campañas de sensibilización institucional y a los programas de educación en igualdad de los colegios, las cifras siguen reflejando una realidad diferente en la que el machismo continúa campando a sus anchas: más de 4.000 hombres han sido juzgados entre 2011 y 2014 por maltratar a sus parejas en la provincia, de los que 1.507 fueron sentenciados.

Según el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), que depende del Ministerio de Sanidad, en Málaga hay 786 mujeres en riesgo bajo de sufrir la agresión de sus maridos o parejas, 104 están en la graduación media, dos en alto riesgo y una en peligro extremo. En total, los casos activos monitorizados por este sistema son 2.811 a fecha de 31 de octubre de 2015.

Son 1.935 las mujeres en cuyos expedientes no se ha apreciado riesgo este octubre pero sí han denunciado a sus parejas. En este nivel se establecen medidas de seguimiento y se estudia el asunto cada tres meses. Para las que tienen riesgo bajo, la ley exige a los cuerpos policiales medidas obligatorias como facilitar a la víctima números de teléfono disponibles 24 horas, contactos esporádicos con ellas, comunicación al agresor de que la víctima dispone de un servicio policial de protección y recomendaciones sobre autoprotección y modos de evitar incidentes, además de otras medidas complementarias.

En el caso de media intensidad, estos expedientes se revisan cada treinta días y suponen la vigilancia ocasional y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como en la entrada y la salida centros escolares de los hijos.

Para el riesgo alto, en el que se encuentran dos mujeres ahora mismo en la provincia, las precauciones se elevan y se hacen vigilancias frecuentes y aleatorias en el domicilio y el lugar de trabajo de la víctima y en los colegios. Si no lo ha hecho, lo ideal es pedirle que ingrese en un centro de acogida o duerma en el domicilio de un familiar, especialmente si el agresor no ha sido detenido. A éste, además, se le controla esporádicamente.

Nivel de riesgo extremo. El nivel extremo supone una vigilancia permanente de la mujer y un control intensivo del agresor, hasta que deje de ser una amenaza inminente, además de la vigilancia del centro escolar de los hijos. Cada 72 horas, este tipo de casos es revisado.

En 2014, los juzgados malagueños adoptaron 581 órdenes de alejamiento y 413 de protección, de forma que en Andalucía se han implementado 193 dispositivos electrónicos para que se cumplan estas decisiones judiciales, 46 de ellas en Málaga, con lo que es la provincia con mayor número de este tipo de aparatos.

La Fiscalía de Violencia de Género de Andalucía, cuya responsable es Flor de Torres Porras, ya ha explicado que en Málaga ha de existir un tercer juzgado de lo Penal especializado en esta temática, dada la saturación que soportan los dos que hay actualmente. Así, hay juicios que se están señalando a un año vista.

En los últimos ejercicios, al menos, ha mejorado la conexión del ministerio público con los centros y distritos sanitarios y las entidades de Igualdad, que, en la mayor parte de las ocasiones, proporcionan información acerca de los delitos de esta naturaleza.

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