El Ayuntamiento de Málaga ha tenido contratados irregularmente a 14 trabajadores durante más de cuatro años en las dependencias del Imagen de la fachada al mar del Observatorio Urbano de Medio Ambiente (OMAU). o (OMAU), según la Inspección de Trabajo de Málaga, que ha notificado a la Corporación las actas de infracción levantadas «provisionalmente» por el organismo en agosto y ratificadas definitivamente el pasado 21 de octubre, según la documentación a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga. El Ayuntamiento interpondrá un recurso contencioso administrativo contra esta decisión.
Se trata de un grupo de trabajadores calificados como «falsos autónomos» que han venido trabajando para el OMAU en los últimos años. La Inspección de trabajo habría podido constatar que estos catorce trabajadores realizaban su trabajo de manera permanente en las oficinas del OMAU, con equipos técnicos de allí, con equipo informático asignado a cada uno con su nombres y apellidos; que se ceñían al horario del OMAU y que incluso tenían asignado su correo electrónico corporativo.
La Inspección de Trabajo considera que estas catorce personas tenía una «relación de carácter laboral con este Ayuntamiento», por lo que éste «ha incumplido su obligación de darles de alta» como trabajadores por cuenta ajena y de «cotizar por ellos» y estiman que ambos hechos «constituyen una infracción de la normativa de la Seguridad Social», por lo que reclama su conversión en indefinidos.
Las primera actas provisionales levantadas por la Inspección de Trabajo y por la Seguridad Social le fueron comunicadas al Ayuntamiento el pasado 6 de agosto y se referían a la «liquidación de cuotas a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional».
Según la Inspección de Trabajo, estas 14 personas habrían estado trabajando irregularmente mas de cuatro años, entre el 1 de marzo de 2011 y el 31 de mayo de 2015.
A final de agosto, el Ayuntamiento formuló alegaciones impugnando las dos actas de infracción. Posteriormente le fue dado trámite de audiencia, lo que le permitió presentar un nuevo escrito de impugnación y se solicitó el archivo de las actuaciones, en un escrito firmado por el concejal de Economía y Hacienda.
Paralelamente, y como consecuencia de la actividad inspectora del Ministerio, la Tesorería General de la Seguridad Social dictó 14 resoluciones, una por cada trabajador afectado, reclamando su alta en la Seguridad Social. Dichas resoluciones fueron impugnadas en un recurso de alzada por el Ayuntamiento con fecha 31 de agosto. Finalmente, los recursos se desestimaron mediante una resolución de la directora provincial de la Seguridad Social el 21 de octubre.
Ciudadanos pide aclaraciones. La respuesta final del Ayuntamiento ha sido ordenar por parte de la junta de gobierno la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Trabajo, al considerar que las resoluciones reclamando la conversión en fijos de los 14 trabajadores «son lesivas a los intereses municipales», si bien aún no ha sido presentado ante los tribunales.
El grupo de Ciudadanos ha sido el primero en exigir al alcalde acabar con «estos procedimientos». Su portavoz, Juan Cassá, se mostró ayer muy preocupado por la imagen dañada de un ayuntamiento que genera «sospechas a la autoridad competente sobre el modo de contratar». Así, recordó que estos métodos «atentan contra el espíritu del artículo 103 de la Constitución y contra el 55.1 del Estatuto Básico del Trabajador Público. Aquí no hay libre concurrencia, ni mérito ni capacidad», afirmó.
«Estaremos muy vigilantes», añadió, «esperaremos al final del recorrido judicial para pedir responsabilidades si las hay», concluyó.
