­La Fiscalía Provincial de Málaga solicita un total de 15 años de cárcel por un presunto delito de homicidio cometido por un hombre, de nacionalidad ecuatoriana, al que acusa de asfixiar y después apuñalar mortalmente a su hermana tras una fuerte discusión ocurrida entre las siete y las ocho de la mañana del 3 de noviembre de 2014 en el domicilio familiar, ubicado en Fuengirola.

El caso será enjuiciado por un jurado popular, aunque aún no hay fecha para el juicio. Además de los 15 años de cárcel por el homicidio, en el que concurre la agravante de parentesco, el fiscal reclama una indemnización de 75.000 euros para el padre de la víctima, dado que la madre ha renunciado a cualquier indemnización que pudiera corresponderle.

Según consta en la calificación fiscal, C. D. J. O. se encontraba junto a su hermana, E. P. J. O., entre las siete y las ocho de la mañana del 3 de noviembre de 2014 en el domicilio familiar que tenían en el Paseo Marítimo de Fuengirola.

Poco después, por motivos que se desconocen, «se inició una discusión entre ambos en el curso de la cual se produjo un forcejeo tras esgrimir el procesado un cuchillo de unos once centímetros de longitud», relata el ministerio fiscal en su escrito acusatorio, al que tuvo acceso este periódico.

La mujer logró que el encausado soltase el cuchillo, por lo que este adoptó en seguida una actitud violenta y mostrando en todo momento «el ánimo de acabar con la vida» de su familiar.

Por ello, el procesado «la agarró con fuerza por el cuello provocándole una importante disminución del nivel de conciencia», aclara el fiscal.

No contento con ello, cogió otro cuchillo de 13 centímetros de hoja y «le asestó una cuchillada en el cuello causándole una sección incompleta de la arteria carótida común derecha». El navajazo fue mortal de necesidad, porque le produjo una intensa y rápida hemorragia provocando su muerte de forma casi inmediata por shock hipovolémico, asegura el acusador público, quien se basa en las diferentes periciales forenses incorporadas en esta causa.

El acusado está privado de libertad por esta causa desde el 5 de noviembre de 2014, por lo que el fiscal ha solicitado que se mantenga la situación de prisión preventiva hasta que se celebre el juicio ante el Tribunal del Jurado.

La Fiscalía ha señalado además la conveniencia de ofrecer acciones al padre de la fallecida, de forma que este pueda estar representado por un abogado que ejerza las funciones de la acusación particular a lo largo del juicio.