El Gobierno inicia entre protestas el traslado del Archivo Militar a Sevilla

­Con sigilo, apilando historias en vulgares cajas de cartón, sin apenas levantar figuras de polvo. El Gobierno cumplió ayer su amenaza y empezó a desmantelar el Archivo Militar de Casas de Campo. De nada han servido las mociones institucionales –aprobadas, con el respaldo de todos los grupos, en la Diputación y en el Ayuntamiento– y tampoco el apoyo explícito del PSOE, que ayer se concentró junto a los representantes de la Asociación contra el Silencio y el Olvido Por la Memoria Histórica, para mostrar su rechazo a una decisión que, surgida directamente del Ministerio de Defensa, deja a Málaga sin la cacharrería indispensable para el estudio de su propio pasado. Y más extensamente, de uno de los periodos más convulsos: el de la represión ejercida por el franquismo.

Los documentos, más de 1.000 cajas, serán trasladados a Sevilla. Una mudanza que, en su gestación, es inseparable del cierre del Juzgado Togado Militar, donde el archivo ocupaba – al menos, hasta ayer– parte de las dependencias anejas. Más de 20.000 expedientes de causas abiertas por el régimen contra los ciudadanos, información sobre operaciones y movimientos, toda la agitación contenida, en lo personal y lo colectivo, en la ciudad desde 1884 a un siglo más tarde y que a partir de este momento dejará de estar disponible para los historiadores que acudían con regularidad para su consulta.

José Sánchez, presidente de la asociación memorialista, sabe de primera mano la importancia del material conservado en Casas de Campo. Junto a Francisco Espinosa, Andrés Fernández y otros miembros del colectivo, ha indagado en ese inmenso puzzle de datos y pistas en falso que han permitido reclutar los nombres y apellidos de las más de 4.500 personas asesinadas en Málaga por el fascismo. Un trabajo sistemático, de mucha brega entre legajos, que a partir de esta semana quedará desconectado con respecto a sus autores. Con repercusiones, además, para la recuperación de datos. «Las causas no están en un expediente concreto y ordenado. No basta con ir a Sevilla y pedirlo. Muchos nombres los hemos sacado buscando otro tipo de información», señala.

Para José Sánchez, el traslado del archivo supone un duro golpe para la continuidad del proyecto y la reconstrucción de lo ocurrido en Málaga. En este sentido, lamenta el escaso interés demostrado por el Gobierno, «que no dedica ni un céntimo a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y, ahora, por si fuera poco, pone más obstáculos». «Es un auténtico desahucio para la cultura», reseña.

El inicio del traslado fue seguido también de cerca por el dirigente socialista Miguel Ángel Heredia, que censuró la decisión del gabinete de Rajoy, al que acusó de privar de «parte de su historia» a los malagueños. Tanto el PSOE como la asociación apuestan por mantener el archivo en Málaga y buscar un emplazamiento entre las distintas dependencias con las que cuenta el ejército en la ciudad.