Tribunales

Declaran cuatro investigados por el fraude de los cursos para desempleados

Tres de los comparecientes están relacionados con una empresa de carpintería y el cuarto es un particular

25.11.2015 | 05:00

­El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga tomó declaración ayer a cuatro personas dentro de la causa por el presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación a desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado caso Edu, investigados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Así, según informaron fuentes judiciales, tres de las personas que comparecieron están relacionadas con una empresa de carpintería que obtuvo una subvención en la convocatoria del 15 de diciembre de 2010 para un curso que impartió, aunque, según los investigadores, no cumplió totalmente con el compromiso de contratación, pues contó con siete en vez de ocho alumnos.

En el segundo caso, es un particular que dio un curso de manipulación de productos cárnicos, con una ayuda de la convocatoria del 4 de noviembre del mismo año. Dijo que cumplió el compromiso de contratación, pero fueron los alumnos los que no quisieron firmar los contratos en la notaría, según las fuentes. Éstos presentaron una queja ante la Junta porque les habían dicho que no les iban a pagar.

En estos casos, sí hubo una inspección por parte de la Administración andaluza, al menos en lo que respecta a la comprobación de que las instalaciones para impartir el curso fueran las adecuadas.

Falta de justificación de cursos. En esta causa se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que se ha encargado de las investigaciones desde el principio, apuntó en sus pesquisas a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior de los mismos.

Los investigadores relataban en sus informes iniciales, a los que tuvo acceso Europa Press, que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores que impartían la formación; además de que en ocasiones no se llegaron a dar los cursos.

Pero también se habrían encontrado irregularidades posteriores, al, supuestamente, incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o detectarse falsedades en partes de asistencia, así como por la falta de control por parte de la Administración durante el curso y en la liquidación de las subvenciones.

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