­El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha hecho esta semana gala de su capacidad para poner una vela a Dios y otra al Diablo al mismo tiempo en la polémica de la extensión del metro al Hospital Civil. Primero se alineó con los vecinos del entorno de Eugenio Gross, opuestos al proyecto; luego, como si se tratase de un baile con varias parejas, dio medio paso atrás y tomó una posición parecida a la de la Junta, aunque con matices, y ayer se sacó de la manga una moción que su grupo político, el PP, presentará en el pleno de este mes en el que se insiste al Ejecutivo andaluz para que hable con los indignados habitantes de la zona y que, si le dicen que no, estudie trazados alternativos al del Civil.

De la Torre aprovecha el baile para reclamar, además, que la Junta haga un nuevo estudio de demanda del metro, porque el actual es de 2013, y, por tanto, se trabaja con datos que no están actualizados, ya que la mayoría proceden de 2000, y ya ha llovido.

En la moción, se insta a la Junta a convocar «cuantas reuniones sean necesarias con los vecinos afectados por el trazado del metro en superficie» para explicarles el proyecto y solventar cuantas dudas tengan acerca del mismo. Recuerden que la idea de llevar el metro al Civil tiene como prioridad que la concesionaria del suburbano pueda recuperar parte de la millonaria inversión realizada, una vez que se abandonó el tramo que atravesaba la Alameda, el Paseo del Parque y acababa en General Torrijos.

La idea de llevar el suburbano al Civil pasando por Eugenio Gross en superficie era un mal menor, aunque el alcalde ha vuelto a insistir esta semana en preguntar por qué no aprovechar para extenderlo hasta el PTA en lugar de alargarlo hasta el hospital.

El caso es que esta maniobra del alcalde obligará a retratarse al PSOE, Ciudadanos, Málaga Ahora y Málaga para la Gente y podría ponerles en un brete por el enorme rechazo vecinal que genera el plan de llevar el suburbano hasta el Civil.

En la moción, los populares recuerdan que los vecinos de la zona han creado una plataforma para oponerse al paso del metro por la zona y que no se puede construir nada de espaldas a ellos, dada la afección que tiene una infraestructura de esta envergadura sobre el tráfico y los comercios, con el recuerdo negro de lo que sucedió en los Callejones del Perchel.

«Probablemente sea más responsable por parte de ambas instituciones tener la capacidad de replantear decisiones y proyectos a tiempo», aclaran en la moción. No en vano, el grupo municipal popular insiste en que lo que firmaron la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el alcalde en 2013 fue un protocolo de intenciones, no un acuerdo ni un convenio, y, por ello, sus conclusiones son moldeables en función de la realidad. Un documento que la Administración andaluza, acusan desde el PP, ya ha incumplido varias veces en estos años.

Si los vecinos del Distrito Bailén-Miraflores insistieran en su negativa rotunda al metro, el PP reitera en su moción que la Junta debería estudiar la posibilidad de hacer trazados alternativos, destinando a ello los 41 millones de euros apartados para el Civil, siempre que no se incremente esa partida y el número de viajeros y los plazos sean idénticos a los que hay ahora sobre la mesa.

También se insta a la Junta a que firme una adenda en la que se refleje el trazado final adoptado y que actualice -dados los cambios que se han dado desde 2003- el cálculo de las obligaciones reales del Ayuntamiento.

Además del estudio de demanda, que no es más que actualizar, tras 15 años, los grandes números del metro, el grupo municipal popular propone al pleno del Ayuntamiento que solicite a la Administración andaluza algo que ya se contempla en el convenio de 2003: que elabore un plan de coordinación intermodal entre el metro y otros medios de transporte, es decir, el autobús y el metro, como forma de garantizar los empleos en ambos sectores. Ahora solo queda saber cómo acabará el baile.