­Los lanzamientos por impago de la hipoteca con sentido positivo -es decir, efectivamente practicados- han sido 13.244 desde 2008 y hasta el 30 de junio de 2015 en Málaga y provincia, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los que ha tenido acceso este periódico.

Ello significa que a lo largo de la crisis económica se han producido casi cinco desahucios diarios, sin contar los que se dan por el impago de alquileres, lo que aporta una idea de la profundidad del maremoto económico y financiero al que se ha visto sometido la provincia.

Otra consecuencia que deja esta radiografía de la crisis es que las distintas legislaciones y modificaciones normativas para atenuar esta enorme ola de desalojos han tenido un efecto muy moderado.

Los datos son claros: de los 812 lanzamientos hipotecarios que se produjeron en 2008 se pasó al pico de 2.648 de 2014, el más alto de la crisis, con saltos importantes como el que se da desde los 1.344 de 2010 a los 2.210 de 2012. En los primeros seis meses del presente año se han producido 1.273, casi la mitad de los que se produjeron el pasado ejercicio 2014, por lo que es ahora cuando se está notando la hondura de la crisis.

La moderación viene por el hecho de que muchas entidades financieras ofrecieron a finales de 2012 periodos de moratoria de pago de dos años, que se renovaron posteriormente en muchos casos, por lo que cuando estos concluyan se producirá un nuevo repunte.

En cuanto a la Ley Hipotecaria, que acordó de por sí la suspensión de los desalojos durante dos años para colectivos especialmente vulnerables, tuvo escasa incidencia, porque dejó fuera a la gran clase media, muy afectada por el desempleo y los impagos de las hipotecas.

En cuanto a los desalojos por impago de alquileres (Ley de Arrendamientos Urbanos), estos han caído un 3% entre 2013 y 2014, desde los 1.460 hasta los 1.416, según las cifras del consejo.

El secretario provincial del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Juan Antonio Luque, asegura que los 19 juzgados de Primera Instancia de Málaga están «hasta arriba» y que hacen falta nuevas oficinas y más personal. «Y ahora, que les han atribuido las cláusulas suelo desde octubre pasado, el colapso va a ser mayor: la única solución es crear más órganos e implantar, de una vez, las nuevas tecnologías y que el papel cero y el expediente electrónico se lleven a cabo. Dejémonos ya de campañas publicitarias», precisó.

Carlos Cómitre, director del despacho Ley 57 Abogados, explica que hay dos leyes muy importantes para el consumidor medio: el Código de Buenas Prácticas Bancarias y la Ley de Segunda Oportunidad. La primera, aclara el letrado, permite hacer reestructuraciones en préstamos a familias sumidas en crisis muy importantes. La segunda permite a las personas físicas plantear acuerdos extrajudiciales de pagos. «Incluso, existe la figura del concurso para las personas físicas, que permite reestructurar la deuda y hasta hacerla desaparecer», indica Cómitre.

Las plataformas antidesahucios siguen insistiendo en la necesidad de que se reforme la ley y abogan por la generalización de los alquileres sociales y de la dación en pago, más que por moratorias puntuales que desahogan temporalmente a las familias en riesgo de exclusión social pese a que la espada de Damocles continúa sobre sus cabezas al tiempo.

De momento, las movilizaciones continúan con cada desahucio, que tardan una media de seis meses en tramitarse. Los expertos insisten en la necesidad de que los afectados se asesoren con un abogado y conozcan las posibilidades que las leyes les otorgan en estos procedimientos, sobre todo después de las medidas garantistas impuestas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras varias sentencias.