No hay dinero en el mundo capaz de comprar su majestuosidad. Tampoco para producir esa especie de paz divina que generan sus vistas infinitas. Sí será necesario, sin embargo, a partir del próximo mes de abril, rascar unos cuantos euros del bolsillo para poder entrar en ese espacio, cuasi divino, que conforma la senda de leyenda que conecta Álora y de Ardales a través de una pasarela incrustada en sus rígidas paredes de granito. El Caminito del Rey, esa joya mitificada de la naturaleza que pertenece a todos los malagueños, afronta sus primeros pasos para abandonar la gestión pública y encuadrarse dentro de las reglas de la mercadotecnia que traza la explotación privada. Lo hizo ayer, cuando el pleno ordinario de la Diputación, el último antes de las próximas elecciones, y con los votos favorables del PP, aprobó la primera adenda para modificar el convenio actual.
Lo hizo, no sin provocar los habituales aspavientos y desplomes discursivos que se generan en la Diputación cada vez que se afronta la privatización de algo considerado de interés general. La oposición entera se decidió a expresar sus reticencias a un cambio de modelo que, aunque ya estaba previsto desde el día en que se abrió al público, sí genera bastantes dudas en su formalidad.
El futuro del Caminito del Rey no saldrá a concurso público, sino que se determinará mediante una concesión demanial. Lo que significa que la Diputación asumirá desde ya los trámites necesarios para cambiar el actual convenio que prevé el «uso público» del Caminito del Rey y pasarlo al «uso privativo», además de elegir libremente a la empresa que se dedique a su explotación.
Aunque todavía no hay nada confirmado, todas las cábalas apuntan a que pueda ser Sando, la empresa malagueña que ya se encargó de la recuperación de la senda, la entidad que se haga cargo de su futura explotación privada. Este acuerdo, según la diputada de Medio Ambiente, Marina Bravo, respondería a la necesidad de garantizar la inversión y el sostenimiento del Caminito al margen de las cuentas de la Diputación.
«¿Por qué gestión privada? Porque es la gestión que mejor se adapta a este tipo de infraestructuras», explicó Bravo que, también, señaló que se van a buscar espacios cortos en esta concesión para «poder subsanar las cuestiones que consideremos oportunas». La modificación del convenio permitirá que se cobre por las 1.100 entradas que, según lo previsto por la lógica del aforo limitado, se despacharán a diario. Aunque el precio está por determinar, Bravo adelantó que podría oscilar entre los siete y los diez euros.
El portavoz del PSOE, Francisco Conejo, arremetió contra lo que consideró una privatización a dedo en toda regla y se mostró partidario de sacar la explotación a concurso y que se mantenga su gestión pública. Bien a través de la propia Diputación, o mediante una fundación. Puso de ejemplo a la misma que gestiona en la actualidad las Cuevas de Nerja.
Otro compromiso que levantó dudas, especialmente en Ciudadanos, es el hecho de que la propia Diputación tenga que costear todos los gastos necesarios para iniciar la explotación privada, entre ellos los toldos necesarios para regular la entrada. En todo caso, la adenda salió adelante por la abstención de toda la oposición. Para el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, la propuesta llevada a pleno nace del consenso entre el ente provincial y los ayuntamientos de Ardales y de Álora, ambos presididos por alcaldes socialistas. En este sentido, pidió a «altura de miras» a Conejo.
Por otra parte, el pleno de la Diputación aprobó realizar una campaña informativa nacional e internacional ante la situación urbanística de Marbella después de que el Supremo anulara la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010.
Además, se aprobó una moción de Málaga Ahora, con el único apoyo de IU y la abstención del resto de los partidos, para que se cubran las medidas de mínimos necesarias para hacer frente a la crisis habitacional que pueda haber debido a los desahucios.
