Trabajadores de Limasa, cuyos puestos se ubican en el Centro Ambiental de Los Ruices, denunciaron ayer haber sufrido presiones y amenazas con el fin de que firmaran nuevos contratos que los convertían en fijos aunque, como contrapartida, les reducían sensiblemente su horario de trabajo, lo que ocurrió en dos ocasiones entre finales de 2013 y principios de 2014: de las 35 horas habituales, les redujeron la jornada a 28 horas y, poco después, a 21. Esta denuncia fue negada vehementemente por el director de Recursos Humanos de la empresa de limpieza de la capital, Luis Martín.

Estas declaraciones se produjeron en el juicio que se celebró ayer en el Juzgado de lo Social número 12 de Málaga, en la Ciudad de la Justicia, después de que el comité de empresa demandara a la entidad para que 41 de los 73 empleados eventuales del vertedero de Los Ruices sean hechos fijos pero a jornada completa, no con contratos con la jornada reducida como hasta ahora (de 21 horas). Todos los afectados estuvieron ayer en la vista, que duró hasta bien entrado el mediodía. El proceso quedó visto para sentencia.

Fue una resolución de la Inspección de Trabajo de mayo de 2013 la que requirió a Limasa para que hiciera fijos a los 73 eventuales del CAM, al haber encadenado algunos de ellos varios contratos temporales. La empresa hizo fijos a los 73, pero a 42 de ellos -uno falleció lamentablemente- les impuso un horario más reducido.

Una de las empleadas de la planta de envase señaló: «Yo tenía jornada completa pero un señor de Recursos Humanos vino y nos dijo bajo amenaza que o firmábamos una reducción de hora o íbamos a la calle». Otro de sus compañeros se expresó de la misma forma a preguntas de la juez, especialmente incisiva en este sentido: «O firmas o te vas a la calle». El presidente del comité de empresa de Limasa, Manuel Belmonte, indicó: «Todos los compañeros estaban a 35 horas, y bajo amenaza les dijeron o firmas el nuevo contrato o a la calle».

Todo ello provocó que tuviera que declarar el director de Recursos Humanos, Luis Martín, quien negó esas actuaciones. «En ningún caso se les amenazó ni se les increpó. De hecho, algunos sin firmar siguen trabajando». Martín explicó que, si se hubiera producido ese escenario en la reunión de septiembre de 2013 a la que aludían los trabajadores, el comité de empresa «no lo hubiera permitido».

Por otro lado, se da la circunstancia de que 22 de los 41 trabajadores a los que se les redujo la jornada son mujeres, lo que obligó a intervenir a la fiscal, al tratarse de un caso de vulneración de derechos fundamentales. Algunas de esas féminas entraron en Los Ruices tras un convenio que firmó el Área de Igualdad con Limasa para dar trabajo a mujeres en circunstancias difíciles. Algunos de los trabajadores insistieron en que, pese a que había una bolsa en la que varias de sus compañeros tenían más antigüedad en la empresa, se hizo fijos antes a los hombres. El director de Recursos Humanos explicó el asunto aclarando que las 22 mujeres eran operarias de la planta de envases y, por tanto, las condiciones generales les afectaban a ellas especialmente.