­Más de cien personas han sido detenidas en la provincia de Málaga por presuntamente defraudar 1.105.500 euros a la Administración Pública mediante la obtención de subsidios de desempleo o regularizaciones administrativas de extranjeros en España. Según explicó la Comisaría Provincial, entre los arrestados está el presunto máximo responsable y titular de una asesoría, además de dos empresarios.

Las investigaciones comenzaron hace nueve meses tras ser detectadas varias empresas sospechosas. Con el estudio detallado de la documentación proporcionada por el Servicio Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los investigadores pudieron determinar el carácter fraudulento de hasta nueve empresas, algunas legales y otras ficticias. Según las pesquisas, que todavía continúan abiertas, el titular de la gestoría -autorizado RED de las mercantiles investigadas- se aprovechaba de sus conocimientos en el ámbito laboral para, en connivencia con los empresarios investigados, tramitar contratos laborales a través de empresas ficticias sin actividad real o de sociedades cuyo número de trabajadores difería de la realidad. De esta manera, los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social. Igualmente, mediante la utilización de los falsos contratos, lograban la obtención o renovación de autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros, precisó la Policía Nacional en un comunicado de prensa.

Las empresas investigadas habían generado una deuda con el organismo de Régimen General de la Seguridad Social de más de 569.000 euros, siempre según la versión policial, apuntando que las prestaciones fraudulentas obtenidas por subsidio o desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) son de 534.613 euros, con lo que el total del supuesto fraude asciende a más de 1.105.500 euros.

Entre los 101 implicados se encuentra el titular de la asesoría, varios empresarios, personas que obtuvieron fraudulentamente las prestaciones o los subsidios y ciudadanos extranjeros que regularizaron, también gracias al fraude, su situación administrativa en España.