Lo que no han conseguido las negociaciones entre la empresa Limasa y el comité o las reuniones nocturnas con el alcalde y su equipo municipal, ni la mediación del Servicio Extrajudicial de Resolución de Servicios Laborales (Sercla), lo ha logrado una resolución judicial. Será esa sentencia, que permite a los trabajadores obtener todas sus reivindicaciones laborales por la vía judicial, la que permitirá suspender la huelga de Limasa mañana domingo en asamblea de trabajadores.

Al mediodía está convocada la asamblea en Los Ruices y en ella, a propuesta del comité de empresa, se acordará suspender la huelga prevista para la medianoche del domingo. La noticia es esa. No habrá huelga de Limasa.

La suspensión es consecuencia del doble éxito logrado por la plantilla esta mañana. De un lado, la juez de lo Social 5, María José Beneito Ortega, ha negado la suspensión cautelar de la huelga, tal como había solicitado la empresa y, de otro, y como éxito principal, el juzgado de lo Social 8 ha fallado a favor de los trabajadores al estimar que los acuerdos firmados en diciembre de 2013 no son un convenio colectivo y que el único convenio vigente es el firmado en 2010/12 y prorrogado.

Esto significa que por vía judicial los trabajadores logran todo lo que venían reivindicando y que había motivado la convocatoria de huelga por el rechazo de la empresa; a saber: volver a descansar sábados y domingos, recuperar la paga de productividad de 1.431 euros y limitar el periodo de disfrute de las vacaciones a los meses de mayo a septiembre. Todo ello tendrá que ser efectivo a partir del 1 de enero ya que la sentencia es ejecutiva, aunque cabe recurso de suplicación

El magistrado señala en la sentencia que el acuerdo de fin de huelga, firmado el 23 de diciembre de 2013, «tiene la misma eficacia que lo acordado en un convenio colectivo, pero no es un convenio colectivo ni sustituye o sucede al convenio colectivo vigente, sino que viene a revisarlo, modificarlo, completarlo o interpretarlo», expone.

Con esta doble decisión en la mano a favor de los trabajadores, ambas partes, empresa y comité, se dirigieron al Sercla en busca de un acuerdo de última hora que desconvocara el paro. Con los mediadores de por medio, el comité expuso que una vez logradas sus reivindicaciones estaba dispuesto a desconvocar la huelga si la empresa se comprometía «por escrito» a acatar y a aplicar la sentencia y a no promover ninguna medida para aplicar una regulación temporal de empleo, (ERE o ERTE), un descuelgue salarial u otra actuación de este tipo. La empresa se mostró dispuesta a aceptar el primer punto pero no el segundo, por lo que no hubo acuerdo.

Mientras tanto, la autoridad laboral había hecho público su dictamen sobre los servicios mínimos, que en caso de huelga serían de un 65% en el Centro y un 40% en el resto de la ciudad, tanto para recogida de basura como para servicio de limpieza.

La tarde la dedicaron ambas partes a reunirse por separado y analizar la situación y decidir los próximos pasos a dar.

En el Ayuntamiento la reunión fue larga entre el alcalde, los concejales de Medio Ambiente y de Economía, el gerente de Limasa y otros responsables municipales. Nadie quiso hablar tras la cita y sólo emitieron una breve nota en la que señalaron que los servicios jurídicos de Limasa están estudiando la sentencia, y un segundo punto en el que dijeron que «el Ayuntamiento considera que si el comité de empresa de Limasa cree cumplidas sus expectativas con la sentencia, debería desconvocar la huelga cuanto antes».

La falta de explicaciones denota la preocupación con la que el Ayuntamiento afronta el deber de acatar la sentencia, ya que le obliga a disponer de unos medios económicos de los que dice carecer.

Paralelamente, el comité se reunía para convocar a las plantilla para el domingo y acordar su renuncia a realizar la huelga.