Educación

Andalucía exige certificado de penales a los profesores que se incorporan al aula

Para poder acceder a ejercer, los nuevos docentes han de demostrar que no tienen antecedentes por delitos contra la infancia

13.12.2015 | 13:23

El Gobierno aprueba un Registro Central de Delincuentes sexuales para evitar que los condenados puedan trabajar con menores

Andalucía es una de las dos únicas comunidades autónomas que exige a los profesores un certificado de penales para poder impartir clases. Lo hace aplicando la nueva ley de protección de la infancia y la adolescencia (Ley 26/2015, de 28 de julio) para asegurarse que los nuevos docentes, los de nueva contratación, no han cometido delito alguno relacionado con menores o prácticas como la trata de blancas, abusos o exhibicionismo. Esta documentación tiene que ser emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales, del Ministerio de Justicia.

Según informan fuentes de la Delegación Territorial de Educación, en su artículo 13 esta ley, que modifica el anterior sistema de protección y que entró en vigor el pasado mes de agosto, establece como requisito para poder acceder y ejercer una profesión o actividad que implique contacto habitual con menores, no haber sido condenado por delitos contra la libertad e indemnidad sexual o explotación de menores.

Esta exigencia se mantendrá hasta la entrada en funcionamiento del Registro de Delincuentes Sexuales que el viernes aprobó el Gobierno y que está incluida en esta reforma de la Ley, dentro del sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, y que contendrá la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Es decir, en tanto se ponga en funcionamiento este Registro, la Disposición transitoria cuarta de la Ley indica que la certificación sea emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales.

Este nuevo Registro contiene los nombres de 43.745 condenados de toda España, que no podrán trabajar con menores. Es decir, la ley pretende establecer una frontera para relacionarse con los menores de edad a personas que hayan cometido estos delitos.

Estarán inhabilitados para dar clases quienes tengan antecedentes por agresión o abuso sexual, acoso, exhibicionismo, provocación, prostitución, explotación sexual o corrupción de menores.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó que el Registro estará operativo «inmediatamente» e incluirá los datos identificativos y el perfil genético de los condenados por delitos sexuales. Según Catalá, servirá para fortalecer el sistema de garantías «para evitar que una persona que tenga una condena de estas características pueda dedicarse a labores docentes, de voluntariado o a otras actividades en que estén en contacto con menores».

Andalucía y La Rioja ya habían empezado a exigir el certificado de penales a los docentes, pero antes ya se venía pidiendo a puestos relacionados con justicia, ejército, policía y empresas de seguridad.

En el ámbito educativo, no solo se pide a los nuevos profesores, también a quienes están trabajando en los servicios educativos, monitores de aula matinal, monitores de comedor que pertenecen a empresas externas, o conductores de autobús.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

La gala

Premios Málaga 2017 de La Opinión

Prensa Ibérica entrega cinco premios al Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol; a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI); al presidente de La Canasta; a Turismo Andaluz; y a Lamari.

 
 

La Opinión, en tu WhatsApp


Apúntate, es gratis

Toda la actualidad de Málaga, en tu móvil con nuestras alertas informativas por WhatsApp



Enlaces recomendados: Premios Cine