Sin embargo, esta exigencia de aportar certificado de penales ha provocado el rechazo de CCOO, que considera que vulnera el derecho a la intimidad del trabajador y la Ley de Protección de Datos. Félix Martín, presidente de la junta de personal y responsable de Enseñanza Pública del sindicato en Málaga, sostiene que el certificado de penales no solo incluye antecedentes con menores, sino cualquier otro tipo de acciones. «Por ejemplo, si un profesor ha participado en una manifestación en la que ha habido un altercado y fue detenido por ello, y que en nada afectaría a su capacidad para ejercer, podría perjudicar a sus opciones de ser contratado», explica Martín.
CCOO entiende que estos delitos «no pueden ser una mancha para toda la vida». «Hay que confiar en la reinserción de las personas. Si son condenados y cumplen una pena, tienen derecho a rehacer sus vidas», asegura Martín, que insiste en su desacuerdo absoluto con esta exigencia del certificado de penales hasta que se cree el registro de delitos sexuales.
