Historiadores del renombre internacional de Anthony Beevor, Parker o John Elliott. Organizaciones de las dimensiones de la Real Academia Española de la Historia. Escritores. Pérez Reverte. E, incluso, algún poeta y exministro como César Antonio Molina. Si a los del circo y al bueno de Gulliver le crecían los enanos, al Gobierno de Colombia le ha salido al frente toda una colección de gigantes. Su decisión de reivindicar para el país el yacimiento del San José, con su cargamento de tesoros, se han encontrado con la oposición en bloque de un grupo de científicos internacionales que, agrupados por un manifiesto elaborado, entre otros, por Nerea, el periodista Jesús Calero y el abogado José María Lancho, reclama a España que apure sus opciones en una línea que va más allá de la mera confrontación de intereses y los derechos de propiedad de la nave. Según explica Javier Noriega, el colectivo exige que se respete el convenio de la Unesco y las recomendaciones internacionales, que precisan, entre otros puntos, que los pecios históricos no pertenecen a ningún nación, sino que son patrimonio de la humanidad y, como tales, deben ser administrados de la manera que mejor se favorezca su tratamiento científico y su visibilidad cultural.
Los firmantes blanden esta perspectiva porque no acaban de fiarse de la ley elaborada por Colombia en 2013, que, indica Noriega, no cierra del todo la puerta a la fragmentación de lo encontrado y su posterior venta o enajenación. Es este punto el que inquieta principalmente a la empresa arqueóloga, que lamenta el «oscurantismo» con el que el gobierno latinoamericano ha llevado el rescate -sin aclarar del todo a sus participantes y protagonistas- y la distorsión del objetivo que, en su opinión, debe conducir toda empresa cultural, donde el valor del hallazgo no está tanto en la carga como en su riqueza histórica. Es la hora de la diplomacia. Esta vez por dejación.
