Los servicios jurídicos de la empresa mixta de limpieza Limasa, participada en un 49 por ciento por el Ayuntamiento de Málaga, sigue estudiando la sentencia del Juzgado de lo Social número 8, que dio la razón a los trabajadores de Limasa y declaraba como único convenio colectivo vigente el de 2010-2012. Ante esto, no se descarta, incluso, la posibilidad de pedir una aclaración al magistrado para determinar cómo aplicar ese marco laboral.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado que ese análisis de la resolución judicial concluirá entre este lunes y este martes, ante lo que el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha precisado que se tomará la decisión adecuada porque, aunque la sentencia es ejecutiva --cabe, no obstante, recurso de suplicación--, "hay que aclarar en qué conceptos".

No ha cuestionado el edil del Partido Popular la aplicación de la sentencia, pero sí ha precisado que "el juez no habla en ella de las condiciones de ningún convenio, sólo que el único vigente es el de 2010-2012".

En este punto, se ha preguntado "si hay que tener en cuenta en ese convenio las modificaciones adoptadas en 2012 en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) o el laudo dictado por el árbitro designado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Jesús Cruz Villalón, o si los acuerdos de 2013 se incorporan".

"Estamos estudiando la sentencia, es lógico que se estudie con detenimiento y es en lo que estamos en este momento", ha manifestado, por su parte, De la Torre, quien no ha querido pronunciarse sobre el coste que conllevaría para las arcas municipales la aplicación de la sentencia ni tampoco acerca de la posibilidad de aplicar procedimientos de regulación de empleo --ERE o ERTE--.

Al respecto, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental ha afirmado que las medidas que puso sobre la mesa el comité de empresa "iban más allá de lo recogido en el convenio de 2010-2012", siendo valoradas por la empresa en 8,5 millones de euros --unos 10 millones para el Ayuntamiento sumando conceptos varios como el IVA--. Sin embargo, ha especificado que el coste sería menor si se atiende a la aplicación estricta de ese documento, entre seis y ocho millones.

Sobre el temor de los grupos de la oposición de que se baraje la aplicación de procedimientos de regulación de empleo, Jiménez ha dejado claro que "lo que está ahora mismo sobre la mesa es una sentencia judicial y se está estudiando para ver cómo se aplica, lo demás son hipótesis que no nos estamos planteando".

En este punto, se ha mostrado crítico con el PSOE, del que ha dicho que "ha estado desaparecido cuando estaba el conflicto de Limasa". "Si su propuesta era destinar más de ocho millones para no mejorar la limpieza de la ciudad, que lo hubiera dicho desde el primer momento, y no ahora, con todo hecho y con una sentencia", ha expuesto, reclamando a la portavoz socialista, María Gámez, que "defienda alguna vez a los malagueños; se quite el sombrero de sindicalista y coja el de concejala".

Jiménez ha advertido, al respecto, que "esto no es una empresa privada que pelea con unos trabajadores, sino que se trata de un Ayuntamiento, que intenta que la limpieza esté lo mejor posible a un coste razonable".

"Siempre hemos dicho que subir un presupuesto para no mejorar la limpieza en la ciudad es difícil de explicar a los malagueños", ha aclarado, recordando que la propuesta municipal durante la negociación con los sindicatos pasaba por sumar al presupuesto de Limasa de 2016 2,2 millones para la contratación de más eventuales.

Ante la negociación del nuevo convenio colectivo, que el comité de empresa insta a que comience a partir del próximo mes de enero, una vez que pasen las fiestas navideñas, De la Torre ha dicho que "siempre estoy abierto a todo tipo de diálogo". "No tengo ningún problema con eso", ha apostillado.

La asamblea de trabajadores de Limasa acordaron este pasado domingo por unanimidad desistir de la huelga indefinida prevista a partir de este lunes. Precisamente, este mismo lunes el comité de empresa ha presentado ante la Delegación Territorial de Empleo de la Junta la desconvocatoria oficial de dicho paro.

En la sentencia del titular del Juzgado de lo Social número 8 se acepta la demanda de los sindicatos, estableciendo que los acuerdos que pusieron fin a la huelga de 2013 y que expiran el 31 de este mes no tienen rango de convenio.

Con esta resolución judicial, a partir del 1 de enero de 2016 la plantilla fija de Limasa, compuesta por unos 1.300 operarios, debe cobrar de nuevo la paga de productividad, descansar todos los fines de semana, disfrutar las vacaciones entre junio y septiembre, poder trabajar los festivos --140 euros por día-- o recibir la cesta de Navidad --valorada en 68 euros--.