Empresa de limpieza

El Ayuntamiento de Málaga estudia cómo rebajar los efectos de la sentencia de Limasa

El PSOE pide al alcalde que no recurra el fallo judicial y Málaga Ahora alerta de un posible ERTE

16.12.2015 | 00:13
La asamblea de trabajadores del pasado domingo donde se decidió la suspensión de la huelga.

Efectos de la aplicación de la sentencia

  • Con la resolución judicial del titular del juzgado 8, a partir del 1 de enero de 2016, la plantilla fija de Limasa, compuesta por unos 1.300 operarios, debe cobrar de nuevo la paga de productividad (1.341 euros), descansar todos los fines de semana, disfrutar las vacaciones entre junio y septiembre, poder trabajar los festivos –140 euros por día– o recibir un uniforme en abril para el verano y otro en octubre para el invierno.

­Los servicios jurídicos de Limasa están estudiando la sentencia del juzgado de lo Social número 8, que dio la razón a los trabajadores y declaró como único convenio colectivo vigente el de 2010-2012. Ante esto, no se descarta, incluso, pedir una aclaración al magistrado para determinar cómo aplicar ese marco laboral. Mientras, el PSOE en el Ayuntamiento ha pedido al alcalde que no recurra la sentencia y que ponga en marcha «un marco de relaciones laborales estable con los trabajadores de Limasa que finalice con la municipalización de la empresa en 2017», en palabras de su portavoz, María Gámez. Desde Málaga Ahora estiman que el Ayuntamiento planea un ERTE encubierto en Limasa, «de manera que la empresa se ahorre gastos para hacer frente al coste del acatamiento de la sentencia», avanzó el concejal Juan José Espinosa.

El alcalde, Francisco de la Torre, explicó ayer que el estudio de la resolución judicial concluiría entre ayer y hoy, ante lo que el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, precisó que se tomará la decisión adecuada porque, aunque la sentencia es ejecutiva –aunque cabe recurrirla– «hay que aclarar en qué conceptos».

En este punto, se preguntó «si hay que tener en cuenta en ese convenio las modificaciones adoptadas en 2012 en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) o el laudo dictado por el árbitro designado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Jesús Cruz Villalón, o si los acuerdos de 2013 se incorporan».

Al respecto, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental afirmó que las medidas que puso sobre la mesa el comité de empresa «iban más allá de lo recogido en el convenio de 2010-2012», siendo valoradas por la empresa en 8,5 millones de euros (unos 10 millones para el Ayuntamiento sumando conceptos varios como el IVA). Sin embargo, especificó que el coste sería menor si se atendiese a la aplicación estricta de ese documento, entre seis y ocho millones.

La crítica más política vino por parte del PSOE y Málaga Ahora. María Gámez aseguró que «las sentencias que devuelven los derechos a los trabajadores sitúan a De la Torre en la más absoluta soledad frente a los grupos municipales; frente a los trabajadores de Limasa, frente a la Junta de Andalucía y ahora frente a los jueces que denegaron la suspensión cautelar. No hay mayor soledad que la del alcalde».

Por su parte, Juanjo Espinosa, de Málaga Ahora, afirmó que la sentencia «deja sin excusas al Ayuntamiento». Durante dos años De la Torre ha perdido el tiempo deliberadamente y ha sido incapaz de negociar un nuevo convenio, lo que con toda claridad, como ahora se reconoce, era contrario a ley».

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