Estaciones de servicio

El avance de las gasolineras sin empleados provoca el recelo del sector y los sindicatos

En los últimos meses han abierto 14 negocios de este tipo y hay otros 14 en proyecto – Dicen que infringen la norma de consumo andaluza y alertan de los riesgos de no controlar el repostaje – Se han perdido 80 empleos y creen que podrían peligrar hasta 1.400

16.12.2015 | 08:48
La Asociación de Estaciones de Servicio de Málaga y CCOO están en contra del nuevo modelo de gasolineras desatendidas.

­El sindicato CCOO y la Asociación de Estaciones de Servicio de Málaga denunciaron ayer la incipiente proliferación en la provincia de las denominadas gasolineras desatendidas –como se conoce a las estaciones de servicio que no cuentan con trabajadores y donde el cliente se echa la gasolina y paga en el mismo surtidor– y aseguraron que este tipo de negocio, a la larga, puede poner en peligro los más de 1.400 empleos directos que genera el sector, además de suponer un riesgo, ya que por ejemplo ni se controla directamente el acceso de usuarios al suministro ni se vigilan los derrames de hidrocarburo durante el repostaje. En Málaga se han abierto durante los últimos meses 14 gasolineras de este tipo en diferentes municipios de costa y de interior por parte de empresas como Petroprix, Reposta o Ballenoil, que han propiciado la desaparición de 80 empleos y ya hay otras 14 con el proyecto de licitación tramitado.

Muchos de estos negocios sin empleados suelen situarse en la franja low cost de precios (con valores a partir de 0,92 euros para el diésel y de 1,099 para la gasolina, según los precios que marcaba ayer el Ministerio de Industria). En cualquier caso, sindicatos y empresarios afirmaron no estar en contra de que estas gasolineras apliquen bajos precios, sino de la «competencia desleal» que supone para el resto el que operen sin empleados cuando así lo exige la normativa andaluza de consumo para este segmento. La provincia tiene actualmente un total de 240 estaciones de servicio.

El responsable de gasolineras de CCOO de Andalucía, Esteban Chamorro, y su compañero de Industria, José Manuel Moreno Cerrejón, afirmaron que las gasolineras desatendidas o «fantasmas» agreden al empleo y a los consumidores, ya que tampoco permiten disponer de un servicio a las personas con discapacidad reducida ni ofrecen hojas de reclamaciones. Estos establecimientos, que están totalmente automatizados, incumplen así el Real Decreto 537/2004 (BOJA de 23 de noviembre), según el cual, en sistemas de autoservicio, debe haber, por lo menos, una persona responsable en horario diurno, de 07.00 a 22.00 horas.

Por otro lado, recordaron que el personal de las gasolineras se encarga de controlar que los clientes accedan y realicen el repostaje de forma correcta (por ejemplo, sin fumar, sin utilizar el móvil mientras cargan gasolina o cuidando de que el motor del coche y las luces están apagadas, tal y como dicta la normativa).

«No tener trabajadores es una irresponsabilidad en materia de seguridad y de control de derrames, incendios o accidentes, porque hay clientes que se llevan en el coche bidones de 500 litros llenos de carburante», explicaron los responsables sindicales, para quienes estos negocios son «una bomba situada en un núcleo urbano sin ningún control». Según CCOO, la práctica de estas empresas consiste en inaugurar la estación con un par de trabajadores para cumplir la normativa de consumo y obtener la licencia de apertura aunque «los tienen sólo un mes y luego los despiden». De hecho, algunas de estas estaciones no tienen aseos ni cuarto para empleados.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicios de Málaga, Fernando Rodríguez, afirmó a este periódico que las gasolineras desatendidas, abiertas casi todas ellas en el último año, suponen una competencia desleal para el sector –donde el 40% del costo de una estación corresponde a personal– y reiteró que incumplen la legislación. «Tener personal es obligatorio por ley. Ellos no lo tienen ni tampoco se les cierra el negocio. Es algo completamente injusto», comentó Rodríguez, que dijo que los 80 empleos perdidos hasta la fecha en el sector corresponden precisamente a estaciones situadas en el entorno de donde han abierto las desatendidas. El responsable del colectivo dijo que cada gasolinera tiene un mínimo de cinco trabajadores y algunas de ellas se mueven entre 10 y 12, un empleo que, a su juicio, «peligra» con la llegada de este nuevo modelo. También destacó el riesgo de no tener empleados en instalaciones que pueden llegar a almacenar hasta 30.000 litros de combustible.

Críticas a la administración. El sindicato y los representantes empresariales del sector criticaron a la Junta de Andalucía por permitir esta situación y también a los ayuntamientos que otorgan los permisos y las licencias a instalaciones de este tipo. En la provincia hay diferentes gasolineras desatendidas en Ronda, Estepona, Coín, Vélez Málaga, Antequera, Humilladero, Riogordo y Málaga capital. Los responsables de CCOO lamentaron especialmente el papel de ciertos ayuntamientos como los de Coín, Mijas y Antequera, donde se están registrando más proyectos.

«Después del despropósito que significa abrir gasolineras sin personal que atienda sus instalaciones, hemos asistido al engaño por parte del Ayuntamiento de Coín del acuerdo firmado con Oil Petroleum», apuntó Chamorro. En concreto, dijo que en ese acuerdo se alegan fines sociales, ya que la gasolinera pagará un céntimo de euro por litro repostado. «Lo que no dice es que el cambio de organización de esta gasolinera solidaria ha significado el despido de tres trabajadores que pasarán a engordar las ya generosas listas del paro», afirmó.

Ante toda esta situación, los sindicatos y los empresarios de estaciones de servicios, junto a colectivos como la organización de consumidores Facua, han firmado un texto conjunto donde exigen a la Junta de Andalucía y al resto de administraciones públicas que frenen esta escalada de «despropósitos» y hagan cumplir el Decreto 537/2004. También reivindican que las corporaciones locales incorporen el contenido del decreto y lo lleven a cabo, y que la Junta vertebre la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios, asociaciones de discapacitados, sindicatos y asociaciones empresariales en el desarrollo de futuras actuaciones.

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