­Cinco años después, Málaga Valley es propiedad municipal. O al menos ha iniciado los trámites para que pase a manos del Ayuntamiento pese a que éste tenía un mandato plenario de 2010 para registrar la marca. De esta forma, el Consistorio adquiere el uso de este título, que ha estado promocionando con 175.000 euros anuales y que estaba en manos de un despacho de abogados hasta ahora.

El pasado 27 de noviembre se realizó la solicitud de transferencia de la marca Málaga Valley para que quede a nombre de la entidad municipal Promálaga, trámite que está en curso y que permitirá al Ayuntamiento disponer de su uso para actividades promocionales o para organizar eventos tecnológicos. Hasta ahora, la reunión de directivos de empresas que se celebra en la ciudad bajo el paraguas de Málaga Valley había servido para situar la marca como lema reconocible fuera de nuestras fronteras, aunque su uso pertenecía al despacho de abogados que organizaba los encuentros. Con este trámite, el Ayuntamiento adquiere el control total de su uso futuro.

Reivindicación. El traspaso de la marca fue aprobado en pleno hace cinco años, aunque no se había impulsado su adscripción municipal hasta ahora. El grupo municipal de Ciudadanos, de hecho, reivindica el mérito de este trámite y que achaca a la presión ejercida sobre el equipo de gobierno del PP en los últimos meses.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, reconoce que dudan de la utilidad del foro Málaga Valley, aunque insistió en que «no es de recibo que nuestra ciudad se viera obligada a utilizar una marca de la que no era partícipe y en la que se ha gastado mucho dinero».

Cassá considera que la denuncia pública de la propiedad privada de la marca Málaga Valley, que cuenta con una proyección internacional, ha obligado al equipo de gobierno a iniciar los trámites ante la Oficina de Patentes.

«Una vez más, el PP ha demostrado lo que le importa el cumplimiento de los acuerdos de pleno. Y eso que, teóricamente, se trataría de una cuestión beneficiosa para la ciudad», aseguró Juan Cassá, quien criticó el retraso de cinco años en completar este proceso porque «muchas veces se anteponen los intereses de terceros a la buena gestión o al beneficio de la ciudad».