Tribunales

El juicio a Roca por la desaladora de Marbella, suspendido

La nueva vista ha sido programada para mayo de 2016

22.12.2015 | 05:00
Juan Antonio Roca, ayer, en el banquillo de los acusados.

El juicio en el que el exasesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca iba a ser juzgado hoy por malversación de caudales públicos en el caso de la desaladora de Marbella ha sido suspendido para que se dé traslado a las partes de una prueba pericial.

La Fiscalía ha solicitado que las partes tengan acceso a una prueba pericial de la Agencia Tributaria, petición a la que se han adherido tanto el Ayuntamiento de Marbella y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, que ejercen la acusación, como la defensa de Roca.

La abogada del exasesor urbanístico, Rocío Amigo, ha explicado a los periodistas que el informe de la Agencia Tributaria, entre otra documentación anexa, demuestra que esa materia ya se vio en el caso Saqueo II, por lo que es "una cosa ya juzgada".

El magistrado presidente ha comunicado la suspensión del juicio para que las partes puedan estudiar la documentación solicitada y ha señalado la vista para los días 9, 10 y 11 de mayo de 2016.

Roca, que lleva en prisión desde el 29 de marzo de 2006, ha sido conducido desde la cárcel a la Audiencia de Málaga para este juicio, en el que hoy estaba previsto el interrogatorio del acusado.

En este procedimiento Roca se enfrenta a ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito continuado de malversación, además de nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, según la calificación fiscal, a la que tuvo acceso Efe.

El ministerio público mantiene que en 1995 la situación de "pertinaz sequía" obligó a construir una planta desaladora en Marbella y se contrató a la empresa Decosol para su construcción, de forma que el contratista financiaría los trabajos a cambio de un canon de inversión.

Antes, había que expropiar los terrenos y nombrar una dirección facultativa que se hiciera cargo de la obra, que acabó el 28 de abril de 1997.

En el proceso de contratación administrativa y control contable se produjeron "graves incumplimientos de la norma", según el fiscal, que señala que las expropiaciones se delegaron a Roca, pero "no se concluyeron los expedientes expropiatorios y, en algún caso, ni tan siquiera se iniciaron, pese a haberse ocupado".

Decosol abonó a Planeamiento 2000 SL, 150 millones de pesetas (900.500 euros), a través de dos cheques bancarios, destinados al pago del justiprecio a los propietarios de los terrenos a expropiar y cuya ocupación ya se había materializado.

Pero Roca, "lejos de cumplir su encargo", hizo suyos 145 millones de pesetas (871.467 euros) y los incorporó a su patrimonio y además realizó adjudicaciones irregulares.

En este caso también está acusado de un delito de malversación de caudales públicos el abogado José Luis Sierra, que se enfrenta a una petición fiscal de 6 años de prisión y 15 de inhabilitación, y que, según señala el ministerio público, presenta un deterioro cognitivo severo por una demencia tipo enfermedad de Alzheimer.

La Fiscalía sostiene que, después de que Jesús Gil asumiera la alcaldía de Marbella en junio de 1991, se maquinó en la Corporación y se ejecutó "un procedimiento de huida del derecho administrativo", que ejecutaron el regidor y sus colaboradores más cercanos.

Para ello, se crearon sociedades municipales, "una organización paralela", una forma de actuar que se extendió al periodo que Gil presidió la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

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